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La fiscal general, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, dirigen la Mesa Nacional de coordinación interinstitucional del plan de Optimización del Proceso Penal.
Convencidos de que las negociaciones son la vía para aligerar la carga de expedientes en juzgados y magistrados, evitar juicios prolongados y onerosos, además de recuperar activos estatales, los actores clave del sistema de justicia han decidido impulsar por todos los medios posibles la concreción de este tipo de avenencias. Aunque contempladas en la ley, estas transacciones suelen generar rechazo ciudadano debido al escaso conocimiento que se tiene sobre ellas y sus repercusiones.
En pos de esto, el Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría Pública han sincronizado esfuerzos. Estos incluyen la participación de jueces, letrados y comunicadores en capacitaciones y observaciones en naciones con mayor experiencia en el ámbito, manteniendo además un foro de debate continuo que se reunió recientemente para contrastar perspectivas e información.
**IMPULSO AL CAMBIO DE CULTURA**
Para la fiscal general, Yeni Berenice Reynoso, es “fundamental” alcanzar pactos en todas las etapas del proceso judicial, como parte de la reforma procesal en curso. Se mostró favorable a la posibilidad de llegar a acuerdos antes de imponer medidas cautelares. Indicó que “negociar es un ejercicio de sensatez”, de comprender que el tiempo es invaluable y irrecuperable, por lo que el Ministerio Público debe tener la oportunidad de revisar con prudencia lo necesario, “porque siempre hay margen de mejora…”. “Considero que en este aspecto el Poder Judicial tiene un rol preponderante y creo que lo ha entendido, parte de este encuentro confirma que lo ha comprendido cabalmente”, enfatizó. Añadió que desde el Ministerio Público se promueve “una política de acuerdos, que guarda coherencia” y aseguró que el Poder Judicial tiene constancia de esa firmeza ante diversos sectores. “Cuando el implicado es un servidor público, el criterio es más riguroso, por una razón simple: al ser el funcionario un proveedor de un servicio, siempre se espera que nuestros roles impacten a la comunidad; la sanción a un servidor público y a un particular siempre difieren”, puntualizó.
Además, explicó que los acuerdos con funcionarios se ajustan a la responsabilidad derivada de la acusación, “y también valoramos nuestro compromiso con la promoción de los derechos de las víctimas”. La magistrada Yeni Berenice afirmó que el Ministerio Público está dedicado a la mejora constante, mientras que el Poder Judicial desempeña una función crucial en la gestión de audiencias y trámites.
“El Ministerio Público está enfocado en un giro cultural, impulsando las resoluciones negociadas, priorizando el decomiso en casos de fondos ajenos al Estado y empresas involucradas en lavado de activos. Es indispensable una administración eficaz del tiempo por todos los intervinientes en el proceso judicial”, subrayó.
El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, señaló que en el país existe un marco legal propio, donde el remanente del modelo francés se concentraba en materia penal y el Código Civil, “quedó estancado en el tiempo” al no integrar las transacciones, lo que generó deficiencias en el sistema. Aseguró que el sistema debe solventar más litigios mediante acuerdos que por juicios de fondo y anunció que iniciarán su promoción en la provincia de Salcedo, con la expectativa de que el 80 % de los casos se diriman a través de pactos. “Ese es el desafío que tenemos por delante”.
“Es necesario educar sobre la justicia y los comunicadores especializados son los mejores aliados, para que la sociedad comprenda la labor de los abogados, jueces, el Ministerio Público y los defensores públicos”, comentó el titular de la alta corte. De igual forma, el director de la Defensoría Pública expresó su satisfacción por el alivio que representan estas resoluciones, indicando que “los agentes del sistema estamos sobrecargados con muchísimos casos”. Recordó que el artículo 2 del Código Procesal Penal establece claramente que solo deben llevarse a juicio los “asuntos de alta trascendencia judicial y penal, y el resto puede ser objeto de acuerdo”.
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