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San Diego.- El gobierno de Trump interpuso una acción legal contra California por extender la tarifa de colegiatura estatal, becas y asistencia económica sufragada por el estado a alumnos sin autorización legal para residir en Estados Unidos.
Dicha demanda, radicada el jueves ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de California, sostiene que esta práctica menoscaba a los ciudadanos estadounidenses y promueve la migración indocumentada. Entre los señalados se encuentran el estado, altos funcionarios estatales y los dos consorcios universitarios públicos: la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.
La administración del presidente Donald Trump ha emprendido querellas similares contra directrices en otros estados, incluyendo Illinois, Oklahoma, Minnesota, Kentucky y Texas. La mitad de la nación posee normativas parecidas a las de California.
En junio, luego de la demanda del gobierno, Texas derogó su normativa de larga data. Y el año pasado, Florida eliminó la ley que permitía costos de matrícula estatales a egresados de secundaria sin situación legal en el país.
Los promotores de estos apoyos aducen que no transgreden la ley federal si se otorgan las mismas tarifas a los ciudadanos del estado bajo idénticas circunstancias, esto es, que sean residentes y se hayan graduado de un centro de educación secundaria local. La Ley Sueños de California también faculta a tales alumnos a solicitar apoyo financiero auspiciado por el estado.
Gran parte de estos jóvenes llegaron a Estados Unidos con sus padres desde la infancia, y quienes respaldan estas reglas afirman que son tan parte de sus comunidades como los ciudadanos estadounidenses.
Esta es la acción más reciente del gabinete de Trump desde que emitió decretos ejecutivos en febrero ordenando a las entidades federales suspender beneficios públicos a migrantes indocumentados y a impugnar políticas estatales y locales consideradas favorables a dichos migrantes sobre ciertos ciudadanos. La querella argumenta que las directrices del mandatario republicano buscan acatar las leyes migratorias federales.
“California está generando una injusticia contra estudiantes y familias estadounidenses al ofrecer prerrogativas exclusivas de matrícula a no ciudadanos”, declaró la Fiscal General, Pamela Bondi, en un comunicado. “Este es nuestro tercer pleito contra California en una semana; seguiremos litigando contra California hasta que el estado abandone su notorio desprecio por la legislación federal”.
El Departamento de Justicia también demandó para bloquear los nuevos límites distritales legislativos aprobados por los votantes californianos la semana pasada, y contra las nuevas disposiciones en California que impiden a agentes federales usar cubiertas faciales y exigen que muestren identificación al ejecutar operativos en el estado.
La Universidad de California defendió su política de aranceles estatales con décadas de existencia.
“Aunque, por supuesto, acataremos la ley tal como la definan los tribunales, estamos convencidos de que nuestros métodos y prácticas son congruentes con los marcos legales vigentes”, señaló en un informe.
El litigio se presenta semanas después de que la Suprema Corte de California confirmara una decisión de un tribunal inferior que consideró discriminatoria y sujeta a revisión la política de la Universidad de California que veta el empleo en el campus a estudiantes sin estatus legal en Estados Unidos.
Directivos del sistema universitario habían manifestado que esta resolución los colocaría en un dilema al negociar con el gobierno de Trump tras la retirada de financiamiento federal para investigación.
La UC enfrenta suspensiones de subsidios federales y una exigencia de la Casa Blanca de pagar una sanción de mil millones de dólares por alegaciones que incluyen antisemitismo y la consideración ilegal de la etnia en los procesos de admisión en su sede de Los Ángeles.
El sistema de la Universidad Estatal de California es el mayor del país y uno de los más diversos, con más de 460 mil estudiantes. Más de una cuarta parte de los alumnos de pregrado son universitarios de primera generación, según el sistema universitario.
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