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Conforme al informe, desde 2021 más de 400.000 individuos han pedido cobijo en el Reino Unido, a diferencia de cerca de 150.000 entre 2011 y 2015.
Londres.- El Ejecutivo británico del Partido Laborista presentó formalmente este lunes su propuesta para la reforma más significativa del sistema de protección en décadas, la cual restringirá el acceso a la legalidad para los refugiados, endurecerá la juntura familiar y agilizará las expulsiones de quienes no tengan derecho a permanecer en suelo británico.
La Secretaria de Interior, Shabana Mahmood, afirmó que el plan, difundido en la web del ministerio y que expondrá luego en el Parlamento, permitirá “unificar una nación dividida”, a pesar de las objeciones de algunos compañeros laboristas que lo ven cercano al discurso de la ultraderecha.
Según el documento divulgado, el cual se inspira en el estricto modelo danés, las modificaciones buscan tres fines: disminuir las entradas de migrantes por vías no reglamentarias, incrementar las deportaciones de personas en situación irregular y establecer nuevos caminos seguros y legales que faciliten las peticiones de asilo auténticas.
Disminución de admisiones y soporte a quienes piden refugio
El Gobierno limitará la permanencia de los refugiados que escapan de conflictos a un lapso inicial de 30 meses (dos años y medio), sujeto a revisión según el estado de su país de origen, y postergará el derecho a la residencia indefinida de los cinco años actuales a 20 años. Durante esos 20 años, podrían perder su derecho a residir en el país.
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Sin embargo, estas personas podrán acceder a la residencia antes si optan por nuevos visados específicos de trabajo o estudio, ideados para promover su integración.
La unión familiar dejará de ser automática y solo será factible para quienes participen en estas modalidades laborales o académicas.
Se recortará el acceso a beneficios públicos, como subsidios de vivienda o ayudas sociales, para aquellos que puedan sostenerse por sí mismos, con el propósito de bajar los alicientes para migrar al Reino Unido.
Además, el apoyo económico directo del Ejecutivo, que incluye alojamiento temporal y manutención mientras se resuelve la solicitud de asilo, dejará de ser automático y se ofrecerá solo a quienes acaten la normativa, colaboren con las autoridades y acepten las condiciones de reubicación.
El Gobierno exigirá a los solicitantes de asilo que posean recursos o ingresos que ayuden a su sostenimiento y podrá confiscar sus bienes si los descubre posteriormente.
Se pondrá fin al controvertido uso de hoteles como albergue para potenciales refugiados y se les trasladará paulatinamente a instalaciones de carácter militar o comunitario.
Agilización de devoluciones
Se intensificarán las expulsiones de quienes no deban permanecer en el país, incluyendo familias, a quienes se les brindará apoyo financiero para facilitar el retorno voluntario.
El Gobierno sigue negociando acuerdos con países terceros considerados seguros para transferir allí a los solicitantes de asilo cuyo caso haya sido denegado en el Reino Unido pero que no puedan ser devueltos legalmente a sus lugares de origen.
Se impondrán penalizaciones, como la negación de visados, a las naciones que no colaboren con la repatriación de sus ciudadanos. A este respecto, el Ejecutivo ya ha notificado esta sanción a la República Democrática del Congo, Namibia y Angola.
Asimismo, el Gobierno británico modificará la legislación de derechos humanos para acotar la aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), relativo al respeto a la vida familiar y privada. También buscará reformar el artículo 3 del CEDH para evitar el uso indebido de alegaciones de tortura.
Vías seguras y legales
Añade que se habilitarán nuevos caminos de acceso seguro y legal para refugiados genuinos, con cupos limitados y fiscalizados.
Se promoverá el apadrinamiento comunitario, permitiendo que entidades y personas físicas respalden la integración de los refugiados de forma planificada y supervisada, dentro de los límites fijados por el Gobierno.
De acuerdo con el documento, desde 2021 más de 400.000 personas han tramitado asilo en el Reino Unido, en comparación con unas 150.000 en el lapso de 2011 a 2015. De los 111.800 peticionarios llegados este año, solo el 37 % lo hicieron inicialmente con un visado legal.
Desde que el gabinete laborista tomó posesión en julio de 2024, se han resuelto 85.000 peticiones y se han ejecutado más de 48.000 retornos, incluyendo 5.400 de infractores extranjeros.
Actualmente, cerca de 106.000 migrantes están en el Reino Unido esperando la resolución de su solicitud de cobijo en albergues costeados por el Estado, lo que generó un gasto diario aproximado de 9 millones de libras (10,2 millones de euros) en el punto máximo de 2023.
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