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El pasatiempo del béisbol y las apuestas están estrechamente ligados en la República Dominicana, sitio donde figuras del deporte profesional, artistas e incluso miembros del congreso exhiben públicamente sus jugadas.
Pero por cada apuesta legítima en esta nación caribeña, las autoridades indican que abundan las operaciones clandestinas.
Se trata de un negocio de miles de millones que se extiende ampliamente y que ha sido puesto bajo el microscopio a raíz de las imputaciones federales de EE. UU. contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de los Guardianes de Cleveland. Se les imputa haber aceptado pagos ilícitos de apostadores deportivos anónimos en territorio dominicano a cambio de ejecutar lanzamientos específicos, lo que habría permitido a estos individuos obtener ganancias de al menos 460.000 dólares, según una denuncia desvelada el domingo en Nueva York. Tanto Ortiz como Clase han aseverado su inocencia.
Estas acusaciones han provocado consternación y bochorno en la tierra natal de los deportistas.
“El asunto de Enmanuel Clase y Luis Ortiz, a mi parecer, menoscaba la imagen del pelotero dominicano, dado que en un esquema tan estructurado como el de las Ligas Mayores, acciones de este tipo enfocan la atención sobre el jugador dominicano y el latino en general”, comentó José de los Santos, aficionado tanto al béisbol como a las Grandes Ligas.
El pasatiempo del béisbol y las apuestas están estrechamente ligados en la República Dominicana, sitio donde figuras del deporte profesional, artistas e incluso miembros del congreso exhiben públicamente sus jugadas.
Pero por cada apuesta legítima en esta nación caribeña, las autoridades indican que abundan las operaciones clandestinas.
Se trata de un negocio de miles de millones que se extiende ampliamente y que ha sido puesto bajo el microscopio a raíz de las imputaciones federales de EE. UU. contra Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de los Guardianes de Cleveland. Se les imputa haber aceptado pagos ilícitos de apostadores deportivos anónimos en territorio dominicano a cambio de ejecutar lanzamientos específicos, lo que habría permitido a estos individuos obtener ganancias de al menos 460.000 dólares, según una denuncia desvelada el domingo en Nueva York. Tanto Ortiz como Clase han aseverado su inocencia.
Estas acusaciones han provocado consternación y bochorno en la tierra natal de los deportistas.
“El asunto de Enmanuel Clase y Luis Ortiz, a mi parecer, menoscaba la imagen del pelotero dominicano, dado que en un esquema tan estructurado como el de las Ligas Mayores, acciones de este tipo enfocan la atención sobre el jugador dominicano y el latino en general”, comentó José de los Santos, aficionado tanto al béisbol como a las Grandes Ligas.
Para Raymond Jiménez, quien se identifica como asiduo jugador, todas las opciones son iguales.
Narró que prefiere los establecimientos más grandes y accesibles que admiten apuestas cuantiosas, sin importar su carácter legal o no.
“No tengo conocimiento de ninguna casa de apuestas clandestina”, afirmó.
Jiménez señaló que el grueso de las transacciones de juego en República Dominicana se concentra en disciplinas como los encuentros de Grandes Ligas, la NBA y la NFL.
“Yo empecé a apostar desde 1998, siendo menor de edad; me saltaba la cerca de la escuela para ir a una banca con 14 años para hacer mis jugadas”, relató Jiménez. “He oído de todo: desde atletas que se venden a apostadores hasta otros que ponen dinero en contra de sí mismos en las plataformas de juego”.
Las apuestas persisten en medio de las prácticas corruptas
Los parlamentarios en la República Dominicana están discutiendo un proyecto legislativo que establecería un nuevo organismo encargado de fiscalizar y regular el juego, además de fijar penalidades por incumplimiento.
Entretanto, las conversaciones en torno a las sospechas que rodean a Clase y Ortiz siguen dominando los medios y las redes sociales, al igual que el caso de Oscar Chalas, exdirector de casinos y juegos de la República Dominicana. Este último llegó a un acuerdo con la fiscalía a fines de octubre, admitiendo su culpabilidad en el cobro de dinero proveniente de establecimientos de apuestas ilegales para permitir su funcionamiento continuo.
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