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Las agrupaciones políticas deberían quedar al margen de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Por costumbre, se otorgan espacios previstos para las formaciones políticas, repartiéndose los puestos vacantes.
En esta ocasión, es fundamental priorizar la neutralidad de la administración de justicia, especialmente al tratar temas tan sensibles como la elección de nuevos miembros para la Suprema y el órgano Electoral.
Cualquier ciudadano, manteniendo la idoneidad profesional, tiene la capacidad y el derecho de aspirar a ambas altas instancias, pero desde el inicio del proceso debe desvincularse de vínculos partidistas, para poder destacar su calidad ciudadana y su trayectoria, avanzando a través de las entrevistas.
No obstante, las agrupaciones políticas, particularmente las tres principales, han favorecido siempre la asignación de cuotas, por encima de un proceso de selección justo y equitativo. Cabe mencionar que personas afines a partidos han accedido a puestos de jueces, pero se han desempeñado con ecuanimidad y pensando en el bienestar institucional del organismo donde ejercen.
Somos defensores de un sistema judicial sin ataduras, sin compromisos de índole comercial o política, pues solo así se puede alcanzar una auténtica independencia del poder judicial y evitar actuaciones sujetas a sospechas de sesgo.
Tanto en la SCJ como en el TSE, los magistrados han mantenido un estándar de imparcialidad, dignidad y respeto por la línea de autonomía indispensable para ocupar un cargo de tanta trascendencia.
Se aguarda la misma actitud por parte de los nuevos magistrados que serán elegidos en los próximos días.
La nación deposita su confianza en el Consejo Nacional de la Magistratura y espera que logre excluir la influencia partidista de su labor. En el nombramiento de los jueces pendientes, la única vía acertada es que las agrupaciones políticas se abstengan de elegir a los jueces, quienes deben ser íntegros, apegados a la institucionalidad y respetuosos del pueblo dominicano. Para que el estamento judicial, a cualquier nivel, sea autónomo, es imprescindible que las formaciones políticas queden fuera de la selección, eliminando la noción de entregar las reparticiones tradicionales.
Las propias agrupaciones deben dar un ejemplo de madurez cívica y abstenerse de ejercer presión para conseguir el nombramiento de sus candidatos preferidos. El país entero se beneficia si los magistrados son serios, responsables y no tienen afiliaciones políticas.
La función judicial dominicana ya transita por el camino del trabajo independiente, sin permitir injerencias de ningún tipo, procurando que los jueces actúen de acuerdo con su más profunda convicción, y siempre respetando el proceso de plena institucionalidad.
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