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La Asociación Eólica de Galicia (EGA) manifiesta su “incapacidad para comprender” el “embrollo legal” y la “discrepancia constante entre los tribunales gallegos y los nacionales y europeos, llegando al extremo”. Así se pronuncia tras la primera resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que invalida la autorización del parque de A Ruña III, siendo este el primer fallo posterior al respaldo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la tramitación autonómica de las renovables.
“La incertidumbre, inseguridad y desasosiego legales nos restringen enormemente en Galicia. Estamos viviendo una paralización judicial”, protesta la organización patronal eólica gallega.
Estas objeciones se suman a las ya planteadas por la cúpula eólica española, que la semana pasada se mostró “sorprendida” por la nueva decisión del TSXG, la cual “origina un riesgo fundamental para la seguridad jurídica”.
La Asociación Eólica de Galicia advierte que las suspensiones provisionales dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afectan a más de 90 proyectos y a más de 2.500 megavatios de capacidad.
No obstante, subraya que “tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han indicado al tribunal gallego que los parques han sido tramitados correctamente por la Xunta de Galicia, entidad que otorga dichas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es legal”. “Y a pesar de toda esta doctrina legal, la sección tercera de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego anula los permisos de construcción de un parque en Mazaricos (A Coruña)”, critica.
Además, lamenta que la sentencia más reciente del TSXG sostenga que el parque A Ruña III debió tramitarse junto con la línea eléctrica, cuando dicha red de evacuación ya está operativa. “Es como si pretendiéramos construir un nuevo acceso a la autopista AP 9, que cruza Galicia, y para ello tuviéramos que solicitar una declaración ambiental no solo para el acceso nuevo, sino también para toda la infraestructura que lleva años en uso”, ejemplifica EGA.
“En esa misma resolución judicial también se alude, de manera muy vaga, a la cercanía del parque a la Red Natura, cuando en realidad hay 4,5 kilómetros de separación. Si existiera la más mínima sospecha o indicio de un posible perjuicio ambiental, la Xunta habría denegado su edificación. Pero tal sospecha no existe. El proyecto cumple con todos los requisitos normativos. Aun así, los jueces de la sección lo anulan basándose en un informe particular que ellos mismos califican de abstracto y general”, continúa en su argumentación.
Insiste en que “Galicia no puede permitirse esta inercia perjudicial, no puede soportar cinco años sin avances en energías renovables”. Calcula que se dejan de generar anualmente 2.750 empleos y se dejan de invertir más de 6.300 millones de euros.
REAFIRMA EL PARO DE MONTE CONTADO
Entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado en un nuevo auto la paralización preventiva del parque eólico Monte Contado, impulsado por Naturgy en los ayuntamientos de Lugo y Castroverde.
El pasado mes de junio, el TSXG ya había comunicado un auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo dictando esta medida provisional por “posibles detrimentos irreversibles al entorno natural que acarrearían las obras autorizadas en el expediente”. Además, señalaba que algunos aerogeneradores se ubicarían a menos de un kilómetro de zonas habitadas, sumado a que algunas de las instalaciones del parque coinciden con áreas de máxima vulnerabilidad ecológica, según la clasificación de sensibilidad ambiental proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ahora, el TSXG ha emitido otro auto, en respuesta a una petición de Adega, en el que reitera esta suspensión preventiva.
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