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La discusión sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la República Dominicana se ha avivado, abarcando tanto el llamado a la observancia legal general como la defensa de gremios específicos. La iniciativa del senador Omar Fernández para ajustar y liberar salarios ha encontrado eco en una conversación paralela: la pertinencia de liberar de gravámenes a quienes se dedican a la noble labor de educar.
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La propuesta legislativa encabezada por el senador Omar Fernández se centra en el apego al Código Tributario y la protección del empleado formal, con dos ejes fundamentales:
Restablecer el Ajuste Salarial Anual: El Artículo 327 del Código Tributario estipula una revisión anual de los tramos del ISR conforme a la inflación (tomando como base el IPC del Banco Central). Dado que tal ajuste no se aplica desde 2017, la ley ha sido desatendida, impactando directamente en los ingresos de los trabajadores.
Liberar del ISR los Salarios hasta RD$52,000: Al actualizar el monto libre de impuestos según la inflación acumulada, se calcula que el tope exento debería situarse alrededor de RD$52,000 mensuales (cifra variable según el cálculo inflacionario).
Fundamento Económico: El legislador argumenta que el umbral actual, fijo en RD$34,685, ha provocado que el fisco recaude a costa de una notable merma en el poder de compra del trabajador, equivalente a sustraer una canasta básica anual a los más necesitados. El núcleo del problema reside en la disminución del salario real causada por la inflación en los tercios de ingresos medios y bajos.
La necesidad de actualizar se justifica por el efecto debilitante de la inflación en la capacidad de compra de la ciudadanía:
Reducción del Poder Adquisitivo: El encarecimiento de la vida obliga a que las remuneraciones, aun si suben nominalmente, tengan menor valor de compra. Al no modificarse la base imponible del ISR, más empleados son forzados a tributar, aunque su aumento salarial solo busque anular el efecto inflacionario.
Impacto en el Gasto: Se estima que cientos de miles de empleados formales están pagando impuestos indebidos, mermando su capacidad para cubrir la canasta básica y, consecuentemente, contrayendo el dinamismo del consumo interno.
El Diálogo Fiscal: Desde la esfera gubernamental, la principal objeción es la disminución en la captación de ingresos que acarrearía la indexación, señalando que tal medida necesita una reforma fiscal integral para suplir la carencia, una conversación que el Gobierno ha intentado impulsar.
De forma paralela a la discusión sobre un alivio general, surge una propuesta con un fuerte carácter de política social y reconocimiento público: la exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los haberes de todo el personal del sistema educativo.
Esta propuesta abarca a maestros, profesores universitarios y otros profesionales cuya tarea primordial es impartir el “alimento del saber” y formar a la ciudadanía.
Quienes impulsan esta idea sostienen que la enseñanza no debe considerarse un servicio de renta sujeto a gravamen habitual, sino un bien público esencial y una base del progreso nacional:
Labor sin Fines de Lucro: Se argumenta que la labor de educar está íntimamente ligada al bienestar comunitario. Gravar a los educadores por ejercer esta actividad se percibe como un “exceso” que desalienta y resta valor a la carrera magisterial.
Estímulo a la Excelencia: Aligerar la carga impositiva de los formadores se traduciría en un incremento salarial directo, favoreciendo la dignificación de la profesión y la atracción y retención de talento en el ámbito educativo, algo crucial para elevar la calidad formativa en el país.
En este contexto, mientras la iniciativa de Omar Fernández busca equidad normativa para todos los empleados frente al impacto inflacionario, la propuesta de exención al magisterio persigue justicia social y un reconocimiento claro del papel decisivo de la enseñanza en cimentar el porvenir de la República Dominicana. Este planteamiento genera un interrogante: ¿Debe el Estado dar prioridad a la recaudación fiscal o al apoyo de aquellos profesionales que sostienen el capital humano de la nación?
Epílogo: La República Dominicana se halla en un momento crucial donde la estrategia económica y la política social se encuentran en el debate tributario. La restitución de la indexación es una demanda legal y de justicia económica, mientras que la posible exención al magisterio es un llamado a la inversión social y a la valoración del conocimiento como motor de avance. Esta propuesta incluye a educadores, catedráticos y otros profesionales cuya labor principal es la de impartir la “enseñanza esencial” y formar a la población, y soy un testimonio vivo de sus repercusiones…
Mi postura es que la formación no debe ser tratada como un servicio gravable común, sino como un bien público fundamental y un pilar del desarrollo nacional:
Labor sin Fines de Lucro: La tarea de instruir está intrínsecamente conectada con el bienestar colectivo. Imponer tributos a los docentes por ejercer este quehacer se considera un “atropello” que desmotiva y devalúa la profesión educativa.
Aliciente a la Calidad: Reducir la presión fiscal sobre los formadores significaría un aumento salarial inmediato, colaborando a dignificar la profesión y a captar y mantener profesionales en el sistema educativo, lo cual es vital para potenciar la calidad de la instrucción en el territorio.
Bajo esta óptica, mientras la propuesta de Omar Fernández persigue la justicia legal para el conjunto de trabajadores por los efectos de la inflación, mi planteamiento de liberación impositiva al sector educativo busca justicia social y un reconocimiento explícito del rol estratégico de la enseñanza en la forja del futuro de la República Dominicana. Este enfoque plantea un dilema: ¿Debe el Estado priorizar la captación de fondos o el respaldo a los profesionales que sustentan el capital humano de la nación?
A modo de cierre: La República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión donde la gestión económica y la política social convergen en la discusión fiscal. El restablecimiento del ajuste es una obligación legal y de trato económico justo, en tanto que la potencial liberación al sector educativo representa un llamado a la inversión social y al aprecio del conocimiento como catalizador del progreso.
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