Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
CHICAGO (AP) — Una magistrada federal en Chicago dictó el jueves una amplia orden judicial que limita el uso de la fuerza por parte de funcionarios federales, al señalar que un alto directivo de la Patrulla Fronteriza a cargo de un operativo migratorio relató falsedades en repetidas ocasiones sobre los riesgos que presentaban manifestantes y profesionales de la prensa.
El auto preliminar surgió como respuesta a una incoación judicial presentada por medios informativos y manifestantes, quienes alegan que los agentes federales han empleado una fuerza desmedida durante la intervención, la cual ha generado más de 3.000 detenciones y ha provocado encontronazos en la tercera urbe más poblada de EE. UU. y sus vastos alrededores.
“Percibo escasas justificaciones para la fuerza que están empleando los agentes federales”, manifestó la jueza de distrito Sara Ellis. “No encuentro fiable la versión de los hechos aportada por los demandados”.
La resolución restringe a los agentes el empleo de ciertos dispositivos antidisturbios, como aerosoles de pimienta y proyectiles de goma, “a no ser que tal medida sea objetivamente indispensable” para evitar “un peligro inminente”. Asimismo, les prohíbe a los funcionarios el uso de agresión física, incluyendo empujar a manifestantes y periodistas al pavimento, y establece la obligación de emitir dos advertencias antes de recurrir a armamento antidisturbios.
Ellis afirmó que su dictamen impedirá la “inhibición del derecho a la libre expresión”, consagrado en la Primera Enmienda constitucional.
Un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró en un comunicado que su agencia tiene previsto recurrir la decisión, la cual tildó de “una actuación extrema de una jueza con inclinación política que pone en riesgo la vida y el sustento de los agentes de la ley”.
La ofensiva migratoria en el área metropolitana de Chicago, parte del creciente involucramiento federal del gobierno del presidente Donald Trump en bastiones demócratas, ha desencadenado una serie de procesos legales, incluyendo la exigencia de efectuar mejoras en una instalación federal de inmigración que activistas señalan como un centro de internamiento de facto, y el bloqueo de un despliegue de la Guardia Nacional.
El fallo del jueves matiza significativamente una providencia provisional anterior que obligaba a los agentes a portar identificación y les vedaba emplear ciertas tácticas antiprotesta –como gases lacrimógenos– contra personas que se manifestaban pacíficamente y reporteros. Tras reprender reiteradamente a los funcionarios federales por ignorar sus directrices previas, añadió el requisito del uso de cámaras corporales.
Al fundamentar su dictamen, Ellis hizo alusión a exmandatarios ya fallecidos, entre ellos George Washington, y a un célebre poema sobre Chicago del vate Carl Sandburg. Describió a los manifestantes y defensores recibiendo gas lacrimógeno, con armas apuntándoles y siendo arrojados al piso, diciendo que “eso llevaría a una persona sensata a reconsiderar el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Un día antes, los letrados de ambas partes debatieron intensamente en el tribunal sobre los relatos de varios momentos de tensión desde que inició el operativo migratorio en septiembre. Varios de ellos involucraron a Gregory Bovino, un coronel de la Patrulla Fronteriza que ha comandado la operación, incluyendo un episodio donde arrojó un bote de gas a una multitud tras alegar haber sido impactado por un proyectil.
Ellis declaró que Bovino se retractó de la alegación sobre la piedra luego de que las pruebas de video no confirmaran su dicho.
“Bovino admitió su falsedad”, sentenció.
También señaló que Bovino negó haber ejercido fuerza contra un individuo, si bien fue captado en video “visiblemente derribándolo” al suelo.
Bovino –que dirigió una operación similar en Los Ángeles– ha sido obligado a permanecer sentado durante largas sesiones de deposición a puerta cerrada relativas a los desafíos legales derivados de la “Operación Midway Blitz”. Fragmentos de los interrogatorios privados, en los que Bovino viste su uniforme verde de la Patrulla Fronteriza y se muestra esquivo en ocasiones, fueron reproducidos en la corte, junto con secuencias grabadas por cámaras corporales.
Bovino –jefe de un sector fronterizo en El Centro, California– ha defendido consistentemente el empleo de la fuerza por parte de sus agentes, aunque también ha eludido responder sobre las metodologías de intervención de la Patrulla Fronteriza. Supervisa a cerca de 230 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desplegados en la región de Chicago.
En la vista del jueves, un procurador que representa al fisco federal indicó que Bovino ya cuenta con una cámara corporal después de que, en una audiencia previa, Ellis le exigiera adquirir una y completar la formación para utilizarla.
Un requerimiento de información dejado el jueves al Departamento de Seguridad Nacional no ha sido respondido por el momento.
Durante el debate de ocho horas del miércoles, los testigos ofrecieron declaraciones emotivas al describir su vivencia con gases lacrimógenos, con perdigones disparados a sus cabezas mientras rezaban, y con agentes apuntándoles directamente mientras grababan en avenidas residenciales.
Ellis interrogó a los declarantes sobre cómo estas vivencias los afectaron y si eso los disuadió de manifestarse de nuevo. Uno tras otro, los testigos detallaron su aprensión ante la posibilidad de volver a las protestas o al activismo.
“Me invade mucha ansiedad porque sencillamente no me siento resguardada”, comunicó Leslie Cortez, una joven organizadora en el suburbio de Cicero, a Ellis. “Y no me siento segura cuando salgo”.
Esta crónica fue adaptada al castellano por un editor de AP con asistencia de un sistema de inteligencia artificial generativa.
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