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La controversia generada en las últimas semanas en torno a la actualización de salarios para efectos fiscales es una clara señal de la preferencia del Gobierno dominicano por la vía sencilla.
La Ley 11-92 del Código Tributario introdujo dicha actualización con el objetivo de evitar que, a medida que el salario perdiera valor por la inflación, también se le aplicara el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a ese ingreso devaluado.
La normativa exige que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realice el ajuste anual basándose en el Índice de Precios al Consumidor divulgado por el Banco Central. La última vez que se efectuó esta actualización fue en 2016, lo que implica que el Estado dominicano ha ignorado su propia ley desde entonces.
Según la actualización más reciente, el umbral de ingreso mensual exento de impuestos es de $34,685. Es decir, los individuos sujetos al pago de ISR comienzan a tributar a partir de esa cifra con una tasa específica.
Si los sueldos se ajustaran hoy considerando la inflación acumulada entre 2017 y 2025, el monto a partir del cual se pagaría ISR para este año ascendería a $50,100 (según datos del CREES).
En la práctica, esto significa que todos los trabajadores que en 2025 perciban entre esos dos montos pagarán ISR sobre esas cantidades, aun cuando de aplicarse la Ley Tributaria no deberían hacerlo.
¿Por qué tributan? En primer lugar, porque el Estado alega que las finanzas públicas sufrirían un revés si no se recaudaran esos impuestos; en segundo lugar, porque es probable que muchos empleados desconozcan esta estipulación; en tercer lugar, porque resulta más cómodo para la administración vigente mantener la recaudación actual; y en cuarto lugar, porque la oposición prioriza estos temas de justicia social por cálculo político, más que por compromiso genuino.
El tema está en debate actualmente precisamente porque la oposición busca generar atención con ello. El Gobierno responde enfatizando la primacía de la estabilidad fiscal, mientras que los trabajadores, quienes se beneficiarían de la actualización, guardan silencio.
Así, lo que debiera ser una medida de alivio económico para la población de ingresos medios y bajos se estanca en una disputa política estéril.
Si el Gobierno no está dispuesto a actualizar los salarios porque no quiere renunciar a una fuente de ingresos fácil de obtener (la vía más fácil), entonces debería reformar la ley que instituyó dicha actualización. Desatender la propia ley no sienta un buen precedente ni es la mejor estrategia.
Un caso similar ocurrió con la asignación del 4% del PIB para educación. Estaba contemplado en la Ley General de Educación de 1997, pero su implementación no se concretó sino hasta 2013, tras una fuerte movilización ciudadana y en el contexto de una disputa de liderazgo entre Leonel Fernández y Danilo Medina.
El Gobierno del PRM no implementará la indexación salarial para fines impositivos solo por la demanda de la oposición.
Al igual que con el 4% del PIB, la actualización podría darse si surge una presión social significativa que obligue al Gobierno a adoptar medidas de corte popular para ganar legitimidad. De lo contrario, el Gobierno dominicano (el que esté al mando) seguirá la senda más accesible de exigir más a los de menores recursos para asegurar su financiamiento.
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