TIJUANA BC 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.- Existen muy diversas interpretaciones sobre la protesta del sábado pasado. Van desde la idea de un complot foráneo de la derecha, hasta el resurgimiento del “bloque negro”, una entidad que se mueve sin que se sepa con certeza quién o quiénes la componen. También se critican a una Generación Z que no aparece necesariamente, y en mi caso, dudo de la existencia real de tal generación. Percibo tantas brechas sociales entre las distintas “generaciones” etiquetadas, que creo inútil definirlas, salvo por el simple hecho de agruparlas por edad, pero no por nivel socioeconómico, oportunidades o la zona geográfica que genera vivencias tan distintas.
Las banderas que se enarbolan son tan legítimas como las inconformidades o el apoyo a cualquier gobierno. La manifestación es un derecho arraigado en la Constitución, y para obtenerlo, generaciones pasadas (sin importar si son X, Y, Boomers o cualquier otra clasificación) tuvieron que confrontar al poder y exigir respeto a la protesta. La trayectoria de estas es larga y variada, por lo que su consecución se ha transformado en estrategia e incluso en mecanismos de control social.
Establecer una versión oficial de los hechos es siempre una labor del Estado. Sin ella, se auto-niega, independientemente de su signo político. Modificar esa visión es tarea de las fuerzas opositoras, ya que, por su condición, no comparten los métodos de quien ostenta el mando. Algunos cambian sus posiciones y otros las mantienen según las circunstancias, y esas discrepancias son las que generan las tensiones actuales, puesto que cualquier administración busca imponer un orden social que inevitablemente beneficia a unos y perjudica a otros.
Si manifestarse es un derecho, la coherencia reside en respetarlo. Si las oposiciones buscan visibilidad, forma parte de la dinámica democrática. El votante, visto como concepto abstracto, será quien determine qué postura respaldar, pues tiene la prerrogativa de elegir qué defender o modificar.
El homicidio de Carlos Manzo causó gran conmoción. El alcalde de Uruapan se había convertido en una figura notable en el panorama nacional debido a que su manera de expresar sus convicciones atrajo la atención de cualquiera interesado en la política. Su conexión con amplios sectores se debe a que las condiciones de violencia mantienen viva la sensación de peligro. Esto no es reciente, data de hace muchas décadas, pero el modo en que ocurrió y la atención que generó funcionaron como un detonante que confirmó una realidad que muchos compartimos. Lo he señalado aquí desde la época de Peña Nieto, pasando por las gestiones panistas en el estado, y también lo he apuntado desde la llegada de Morena al poder.
La falta de seguridad es la llaga, el eslabón más débil que se ha roto sin cesar. Las quejas, los reclamos y las marchas se dan desde hace varios años porque la respuesta estatal ha sido insuficiente ante la constante criminalidad. La semana pasada, una abogada, docente de varias promociones universitarias en la ciudad, fue asesinada en plena vía pública. Los colegios de abogados han reiterado peticiones similares a las que frecuentemente se han mencionado: la delincuencia supera la capacidad tanto de las corporaciones policiales como de las unidades de investigación.
Carlos Manzo se erigió en un símbolo porque fue la voz más resonante en tiempos recientes, y su estilo mantuvo viva una herida que aqueja a la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo. Si algún lector ha revisado textos anteriores publicados aquí, he argumentado que resulta insuficiente achacar toda la culpa a Calderón —quien sin duda tuvo responsabilidad en muchos aspectos— para explicar las causas profundas y realizar las transformaciones necesarias que merecemos las y los mexicanos que anhelamos un país libre de violencia.
La disputa sobre si las convocatorias a la marcha provenían del extranjero o no, si un supuesto “Tío Richi” inventado fue el impulsor de la acción, si los descargos de los funcionarios gubernamentales restan validez a los manifestantes, es una lucha por dominar el discurso que omite ver que la problemática está ahí, enquistada desde hace años, y que se requiere renovar las estrategias. El tema de las fracturas al contrato social es tan extenso que ha dejado al Estado expuesto en numerosas ocasiones, pero sobre todo a quienes transitamos por las calles y estamos expuestos a la violencia. ¿Cuántos mexicanos han perecido en fuego cruzado? ¿Cuántas víctimas inocentes?
Expresar una opinión mediante la manifestación es un derecho al que accedemos. Ir a votar también lo es. La percepción que se tiene de México en el exterior importa, dado que las inversiones, las relaciones comerciales y la fuerza laboral se mueven a otros ritmos, pero están ligadas a la imagen que proyecta nuestro país. Las escenas de violencia se difundieron por redes sociales, noticieros, e incluso comentarios de autoridades estadounidenses, lo cual no es un asunto menor.
Por ello, desestimar las movilizaciones implica dejar de considerar los mensajes de las personas que optaron por protestar en cientos de lugares. Buscar “quién está detrás” oculta que los individuos poseen capacidad de decisión y que están buscando alternativas ante un fenómeno que parece imparable. El acto de salir a la calle y alzar la voz no es para seguir a una persona u otra, sino para hacerse oír ante la falta de arraigo de la cultura de la paz en la sociedad. Ciertamente, los ciudadanos honrados somos mayoría, pero quienes integran las redes delictivas están mejor pertrechados. Y ese, desde mi perspectiva, debería ser el foco principal de atención.
Siempre hay quien intenta imponer su versión de los hechos, buscando rédito político, como se suele decir. Pero aquí la clave es reflexionar y actuar sobre cómo recuperar la seguridad en las calles. Yo, confieso, ya he olvidado cómo se siente eso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario