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Santo Domingo. El portavoz del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, expresó su cuestionamiento hacia la reciente resolución 1225/25 del Tribunal Constitucional, calificándola como un dictamen “discutible” que, a su entender, ignora el sentido común y la sensatez que deben primar en asuntos sensibles para la nación dominicana.
Díaz indicó que, aunque no acostumbra a criticar resoluciones judiciales, el laudo emitido por el Constitucional “contrasta con el sentir del pueblo dominicano”, particularmente en un país donde millones de personas se congregan cada domingo en diversas confesiones religiosas con valores compartidos.
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Advirtió que este tipo de dictámenes “generan serios problemas al país” y rememoró que el ente constitucional ha emitido fallos similares previamente.
Respecto a una posible reconsideración o mayor rigor en la selección de futuros magistrados, señaló que aquel es un debate que corresponde a las instancias pertinentes.
El diputado Ramón Bueno, también del PRM, fue más directo al aseverar que el fallo debe ser rechazado “de forma rotunda”.
Consideró alarmante que el Tribunal Constitucional esté acumulando resoluciones que “han inquietado a la sociedad dominicana” e instó al Congreso a meditar seriamente sobre los perfiles elegidos para tales organismos.
Bueno manifestó que este nuevo fallo “pone en riesgo la calma de los dominicanos” y tildó la sentencia como “otra ocurrencia” del tribunal, expresión con la cual resumió su creencia de que ese organismo está “complicando el país”.
Agregó que, si el tema llega al Congreso, será examinado, y recordó haber escuchado ya a numerosos legisladores que también se oponen firmemente al dictamen.
Desde la oposición, la diputada Rafaela González, de la Fuerza del Pueblo, tildó la sentencia como “una barbaridad”, indicando que el Tribunal Constitucional se ha enfocado en un tema que, según ella, la nación “ni siquiera está lista para abordar”.
González sostuvo que el TC “procedió incorrectamente” y que existen otros temas prioritarios que requieren la atención urgente del organismo. Aseguró que la resolución abre “una situación de indignación” y la describió como “un error adicional” dentro de una serie de decisiones que, a su juicio, debió haber evitado.
Para la congresista, el tribunal ha dejado de lado asuntos verdaderamente cruciales y ha optado por inmiscuirse en una controversia que solo provoca rechazo social. “Eso no debieron ni siquiera abordarlo”, insistió.
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