Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El Ejecutivo de Donald Trump tuvo un recibimiento gélido en la Corte Suprema el miércoles, donde la mayoría de los magistrados manifestaron dudas sobre la utilización inusual que el mandatario hizo de una ley de facultades de emergencia para establecer gravámenes a escala global.
El máximo tribunal, que cuenta con tres integrantes designados por Trump y que tienden a respaldar un poder presidencial robusto, podría dictaminar que el presidente se extralimitó en sus competencias.
Esta es la primera medida de Trump que llega al tribunal para una resolución definitiva, y las repercusiones son inmensas, tanto en el ámbito político como en el económico.
El republicano ha convertido los impuestos aduaneros en un eje central de su estrategia económica y exterior, y ha advertido que sería un “desastre” si la Corte Suprema fallaba en su contra.
A continuación, algunos puntos clave sobre los argumentos relativos a los aranceles ante la Corte Suprema.
Magistrados conservadores y progresistas formulan interrogantes complejas
Una posible mayoría en contra de los aranceles aglutinaría, casi con certeza, a los tres jueces progresistas del tribunal y a un mínimo de dos conservadores.
Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos nombrados por Trump, y el presidente de la Corte, John Roberts, parecieron ser los más inclinados a fallar desfavorablemente para el presidente.
La Constitución faculta al Congreso para imponer tributos aduaneros, pero Trump ha invocado una potestad extraordinaria para actuar sin el aval del Capitolio, declarando emergencias nacionales bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia de 1977.
En febrero, se recurrió a dicha ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, argumentando que el ingreso descontrolado de migrantes y narcóticos a través de la frontera estadounidense constituía una emergencia nacional y que dichas naciones debían intensificar sus esfuerzos para contenerlos.
En abril, estableció gravámenes globales tras declarar que los persistentes desequilibrios comerciales del país eran una “emergencia nacional”.
Sin embargo, Roberts no parecía convencido de que Trump poseyera tal facultad. La ley “nunca antes se había esgrimido para justificar aranceles. Nadie había sostenido tal cosa hasta este caso en particular”, manifestó Roberts al Fiscal General, D. John Sauer.
Los aranceles recaen sobre las importaciones, y Gorsuch expresó su preocupación por la idea de que el Congreso pudiera delegar su potestad fiscal al presidente. “El poder de inmiscuirse en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses es distinto y lo ha sido desde la génesis de la nación”, señaló Gorsuch, aludiendo a cómo las disputas tributarias contribuyeron a iniciar la Guerra de Independencia americana.
Un atisbo de optimismo para Trump
Tanto Barrett como Roberts plantearon cuestionamientos que sugerían cierta inquietud sobre cómo abordar el caso, y los magistrados Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas también podrían inclinarse a favor de la Casa Blanca.
Kavanaugh dirigió preguntas bastante favorables a Sauer sobre los aranceles globales del 10% impuestos por el presidente Richard Nixon bajo una normativa predecesora de la ley ahora utilizada, que contenía una redacción muy parecida.
Comprender los aranceles de Nixon, que fueron validados por un tribunal de apelaciones pero nunca llegaron a la Corte Suprema, “es verdaderamente crucial para dictaminar correctamente en esta controversia”.
Barrett y Kavanaugh se centraron en los argumentos de los demandantes de que Trump podría ordenar un veto comercial total, pero no imponer porcentajes arancelarios del 1% bajo la normativa de emergencia.
“¿No parece tener más lógica que el Congreso deseara que el presidente utilizara algo que fuera (…) una medida menos severa que clausurar completamente el comercio, como elemento de presión para lograr que una nación extranjera actúe?”, inquirió Barrett.
Los magistrados podrían emitir una resolución más expedita de lo usual
El tribunal accedió a estudiar el asunto en septiembre y fijó la audiencia para menos de dos meses después. La celeridad, al menos bajo los parámetros del Supremo, indica un intento por actuar con prontitud.
Los expedientes de gran calado pueden requerir medio año o más para resolverse, frecuentemente debido a que las opiniones de la mayoría y las minoritarias atraviesan múltiples rondas de revisión.
No obstante, el máximo tribunal puede agilizarse cuando las apremiantes fechas límite lo demandan. Recientemente, emitió su fallo apenas una semana después de escuchar los argumentos en el litigio de TikTok, confirmando por unanimidad una ley que exigía la prohibición de la popular aplicación de redes sociales a menos que fuera vendida por su matriz china. Trump ha intervenido varias veces para impedir que la ley entre en vigor mientras continúan las conversaciones con China.
Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con apoyo de tecnología de inteligencia artificial generativa.
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