A finales de agosto, el mandatario Donald Trump instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a emplear la fuerza militar de su nación contra ciertos grupos de narcotraficantes latinoamericanos.
A finales de agosto, el mandatario Donald Trump instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a emplear la fuerza militar de su nación contra ciertos grupos de narcotraficantes latinoamericanos.
Desde entonces, EE. UU. ha aniquilado embarcaciones, desplegado buques y llevado a cabo diversos ejercicios y otras operaciones en su propio territorio, como Puerto Rico, y en naciones catalogadas como aliadas.
Para formalizar esta ofensiva contra el narcotráfico y el contrabando de armas, el 13 de noviembre, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, denominó las iniciativas destinadas a frenar el tráfico de drogas y armas como “Operation Southern Spear” (Operación Lanza del Sur, en castellano).
La República Dominicana se sumó a estos esfuerzos impulsados por EE. UU. y este mes de noviembre, bajo la Operación Lanza del Sur, se han decomisado más de 1,666 kilogramos de cocaína (1.6 toneladas) en las costas de Pedernales, según un reporte con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en diversas comunicaciones oficiales.
El punto más reciente pactado en esta cooperación se conoció este miércoles, cuando República Dominicana, a través de su presidente Luis Abinader, anunció que permitirá a Estados Unidos usar la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, para labores logísticas, incluyendo repostaje de combustible en la cruzada contra el tráfico de sustancias ilícitas y armas.
En estas acciones, República Dominicana no ha sido el único país que ha consentido que Estados Unidos intervenga en la lucha contra el narcotráfico. En octubre, el buque “destructor Gravely” llegó a Trinidad y Tobago, tras la orden de Washington de desplegar fuerzas militares para su operación antinarcóticos en el Caribe.
Según informan los medios internacionales, el navío atracó en Puerto España, a escasos kilómetros de las costas venezolanas.
Para dar continuidad a esta contienda, la cual ha recibido el respaldo explícito de Trinidad y Tobago, el Presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, sostuvo un encuentro con la Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar y miembros de su equipo gubernamental “para reiterar la fuerte alianza entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago y abordar prioridades conjuntas en seguridad y estabilidad regional”, destacó la embajada norteamericana en esa nación, el pasado 25 de noviembre.
“El General Caine y la Primera Ministra Persad-Bissessar intercambiaron pareceres sobre los retos que afectan la zona caribeña, incluyendo las repercusiones desestabilizadoras del comercio ilegal de narcóticos, armamento y personas, así como las actividades de las organizaciones criminales transnacionales. El Presidente subrayó que la estrecha colaboración entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago contribuye directamente a resguardar la seguridad del área”, señala el comunicado.
En Desacuerdo
Estas maniobras militares han provocado la resistencia de ciertas naciones y entidades.
El primero en expresar su oposición fue el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que Donald Trump lo señalara por traficar drogas hacia Estados Unidos y ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
A esto se suma que Estados Unidos comenzó a desplegar navíos de guerra y personal en el Caribe, argumentando la necesidad de combatir a los cárteles de la droga. Estados Unidos ha hundido lanchas con supuesta mercancía ilegal y personas a bordo.
Nicolás Maduro tildó a EE. UU. de llevar a cabo una “agresión” de índole “militar” contra Venezuela y confirmó la suspensión de los diálogos bilaterales.
Además, este mes, Estados Unidos designó a Maduro como líder del “Cártel de los Soles”.
Otro que ha declinado apoyar a Estados Unidos en estas movidas ha sido Gustavo Petro, presidente de Colombia.
“Si esto es cierto, es un acto de asesinato en cualquier lugar del planeta”, escribió Petro en la plataforma X, el tres de septiembre, tras la destrucción de una lancha con presunta droga.
Además, aunque posteriormente aclaró que la directriz había sido malentendida y que las relaciones se mantenían, Petro ordenó a sus cuerpos de seguridad dejar de compartir información de inteligencia con Estados Unidos.
El 29 de octubre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, manifestó su objeción a los ataques bélicos del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que supuestamente transportan estupefacientes en el Caribe y el Pacífico, solicitando una modificación del protocolo de combate.
“No estamos en sintonía con estas incursiones y tenemos un modelo, un procedimiento que ha arrojado buenos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos detecta una lancha con posible droga, se coordinan e interviene la Secretaría de Marina mexicana o las agencias del Gobierno de Estados Unidos y se detiene a los presuntos transgresores”, argumentó.
Asimismo, el 13 de noviembre, declaró que la Armada mexicana detendrá las naves con presunta droga para evitar que sean destruidas por Estados Unidos.
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó el 13 de octubre a Estados Unidos a detener las hostilidades, calificándolas de “inaceptables”.
“Estos ataques, y su creciente saldo de víctimas, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y adoptar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las naves, sin importar el delito del que se les acuse”, declaró.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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