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La vicepresidenta de la Nación, Raquel Peña, manifestó el lunes que la administración liderada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha evidenciado que la impunidad no tiene cabida en asuntos atinentes al narcotráfico.
“Nuestro gobierno ha dejado claro que no existe tolerancia a la impunidad, especialmente en lo referente al tráfico de drogas. Sin importar quién sea, si es hallado culpable, deberá asumir las consecuencias”, declaró la funcionaria.
“Tenemos el deber de suprimir el narcotráfico en la República Dominicana, ya que conocen el perjuicio que esto inflige a la sociedad”, añadió.
Puede consultar: Fabio Augusto Jorge-Puras, antiguo asesor sin remuneración de las Zonas Francas, es objeto de indagatoria por parte de EE.UU. por tráfico de estupefacientes.
Las manifestaciones de la vicepresidenta se dan a raíz de recientes sucesos que involucran a personalidades públicas y del sector empresarial en pesquisas por presunto trasiego de drogas.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) comunicó que desde hace varios meses se adelanta una averiguación que relaciona al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorario de las Zonas Francas, quien está siendo examinado por la DEA en conexión con el movimiento de sustancias prohibidas. Conforme a la DNCD, existe una orden de captura pendiente en su contra.
Otra situación que ha llamado la atención es la del concejal Edickson Herrera Silvestre, alias “Yeyea”, actual integrante del Concejo Municipal del Distrito Nacional por el PRM, quien enfrenta alegaciones de narcotráfico ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, EE.UU.
Lea más: Luis Abinader y el titular de la DNCD dialogan sobre Edickson Herrera Silvestre, edil señalado por narcotráfico.
Según los escritos judiciales, Herrera habría tomado parte en una estructura internacional de contrabando de cocaína entre mayo de 2020 y noviembre de 2022. Las autoridades yanquis le imputan conspiración para introducir y distribuir sustancias reguladas, faltas que podrían acarrearle penas de hasta prisión vitalicia.
Los informes también indican que el edil habría aprovechado su cargo político para favorecer las operaciones del grupo criminal, un aspecto que ha provocado señalamientos y dudas sobre su función pública dentro del espectro político dominicano.
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