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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha avalado la captura y el auto de formal prisión impuesto a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exelemento del CISEN, señalado por su supuesta implicación en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El crimen se perpetró el 23 de marzo de 1994 y, desde entonces, se mantiene como uno de los sucesos políticos más significativos del país.
La CNDH expresó que este avance debe significar “el inicio de la Justicia y la Verdad” en un expediente plagado de anomalías y años de indicios sobre fallas en la pesquisa original.
El caso fue reactivado oficialmente el 5 de abril de 2022. En esa fecha, la Fiscalía General de la República estableció una Fiscalía Especial de Investigación y Litigación para el Caso Colosio.
Esta unidad retomó la averiguación previa SE/003-BIS/95 y recopiló más de 43 evidencias, tanto nuevas como antiguas que no se habían considerado oportunamente.
Entre ellas, se encuentran elementos que conectan de forma directa a Sánchez Ortega. Conforme a la CNDH, su participación “se encubrió y se intentó borrar” por largo tiempo.
La CNDH recordó que Sánchez Ortega fue retenido el mismo día del atentado, en Lomas Taurinas. Presentaba manchas hemáticas en su vestimenta y dio positivo a la prueba de rodizonato. Pese a estas evidencias, fue liberado 19 horas después.
Su salida se dio gracias a la influencia de altos mandos del CISEN. Entre ellos, Genaro García Luna, quien fungía como subdirector operativo, viajó personalmente a Tijuana para recogerlo. La entonces PGR argumentó que el arma usada pertenecía a Aburto y reafirmó la narrativa del tirador solitario.
Durante 16 años, la “Fiscalía Especial” instruida por el presidente Carlos Salinas mantuvo dicha conclusión, a pesar de contradicciones y señalamientos de transgresiones al debido proceso.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por espionaje constante en su contra durante su época como opositor político.
Estas manifestaciones las realizó en público el 14 de julio de 2018, tras ganar la contienda electoral presidencial, en una conferencia de prensa donde anunció la disolución del CISEN.
AMLO describió que el monitoreo era incesante e invasivo, vulnerando su intimidad y la de su núcleo familiar.
Según sus relatos, un vehículo se estacionaba día y noche frente a su domicilio en Tabasco para vigilarlo.
Cuando salía con su esposa a hacer compras, efectivos del CISEN los seguían de cerca.
Incluso, aseveró que le daban seguimiento hasta el cine, donde los agentes observaban la misma proyección que él y su pareja.
El nuevo impulso al expediente surge de la Recomendación 48VG/2021, emitida por la CNDH hace cuatro años.
Dicho documento evidenció graves vulneraciones a los derechos humanos, actos de coacción y omisiones al debido proceso cometidos contra Mario Aburto Martínez —el acusado primario— y sus allegados.
El organismo recordó que esta recomendación instaba a examinar desde el origen la hipótesis oficial, puesto que la tesis del “asesino único” estaba comprometida desde el principio. Las pruebas usadas contra Aburto se obtuvieron bajo presión, según la documentación presentada en 2021.
Luego de dos años de gestiones legales, la CNDH reconoció la labor de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado.
Esta unidad está al mando de Abel Galván Gallardo y opera bajo la dirección del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
La esfera judicial también jugó un rol fundamental. El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, emitió la orden de aprehensión y dictó el auto de formal prisión contra Sánchez Ortega.
Mario Aburto continúa siendo el único sentenciado por el homicidio. De acuerdo con la CNDH, su queja por tormento se interpuso desde 1994 y se ratificó varias veces, pero jamás fue atendida.
La institución también señaló que Aburto ha permanecido 31 años sin recibir visitas de su familia debido a sus traslados a prisiones distantes. Esta situación se considera otra forma de maltrato y forma parte del seguimiento de la Recomendación 48VG/2021.
La CNDH manifestó que la detención de Sánchez Ortega es un paso hacia el esclarecimiento de “uno de los crímenes más abominables de nuestra historia política reciente”. Asimismo, consideró que abre un camino para avanzar hacia el derecho a la verdad y la justicia en México.
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La indagatoria sigue bajo la jurisdicción de las entidades judiciales y ministeriales, las cuales deberán consolidar todas las evidencias disponibles para determinar la responsabilidad penal del exfuncionario.
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