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La propuesta legislativa se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana y persigue ordenar la compraventa de parcelas a foráneos en las localidades de la zona limítrofe.
Santiago Riverón, alcalde del municipio de Dajabón, presentó un borrador de ley ante la Cámara de Diputados, cuyo propósito es normar la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en las comarcas fronterizas e impulsar un esquema de dominicanización en esa área.
Riverón, al entregar el escrito en la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara Baja, señaló que la proposición legal está respaldada por la Constitución de la República Dominicana y tiene como fin regular la venta de terrenos a personas de otros países en los pueblos adyacentes a la frontera.
Adicionalmente, pretende asegurar derechos inherentes consagrados en el Artículo 51, el cual resguarda, reconoce y garantiza el derecho de propiedad a los dominicanos.
Asimismo, afirmó mediante un comunicado de prensa, que la propuesta busca promover la dominicanización en las jurisdicciones de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Bahoruco y Pedernales, que conforman el límite terrestre de la República Dominicana con Haití.
También, dio a conocer que actualmente no existe una normativa que rija la obtención, uso y goce de bienes inmuebles en esos territorios por parte de ciudadanos extranjeros, que asegure el cabal cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Carta Magna.
De acuerdo con el funcionario municipal, el borrador busca fortalecer las inspecciones y las medidas contra el tránsito migratorio irregular de foráneos, principalmente haitianos hacia el territorio nacional, así como la trata de personas, en sintonía con la Ley 285-04, que regula la política migratoria en la República Dominicana.
El comunicado propone un programa de respaldo a la región limítrofe, para que el Poder Ejecutivo destine del Presupuesto General del Estado un 2% de las entradas ordinarias como partida especial, denominada “Fondo de Apoyo a la Dominicanización de la Frontera Terrestre”, para los próximos 5 años.
La nota de prensa finalizó enfatizando que la iniciativa busca establecer que los Gobiernos Locales y Juntas de Distritos Municipales sean responsables de supervisar la observancia de la normativa, en colaboración con otras dependencias estatales, como la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y otras instituciones.
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