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NUEVA YORK – Integrantes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en Illinois avalaron dos resoluciones instando a fijar una fecha límite para que la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico cese sus funciones.
La más reciente fue aprobada el jueves. La membresía del gremio, agrupada bajo el Concejo Estatal de SEIU en Illinois, exhortó al Congreso federal a actuar para liberar a Puerto Rico de las directrices del ente que opera en la isla desde el 2016.
Fueron legisladores del Congreso de Estados Unidos quienes sancionaron la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica), la cual a su vez estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico para gestionar las finanzas del territorio y presentar los planes de saneamiento de la deuda pública.
Casi diez años después, Puerto Rico todavía no logra salir totalmente de su endeudamiento, y el organismo opera con solo cuatro de sus siete miembros tras los ceses realizados por la Administración Trump a inicios de agosto.
En el documento firmado por Greg Kelley, presidente del Concejo Estatal de la SEIU en Illinois, el sindicato expone que la Junta continúa ostentando una vasta potestad sobre las políticas tributarias de la isla, “lo que genera serias inquietudes sobre el menoscabo de la administración democrática local y la soberanía del pueblo boricua”.
El escrito argumenta que la permanencia de la Junta sin un plazo de conclusión determinado constituye un riesgo para la reactivación a largo plazo, la autonomía financiera y la rendición de cuentas democrática.
El comunicado señala que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico merecen idénticos derechos de autogobierno y representación política que aquellos que residen en cualquier otra parte.
Para los afiliados al sindicato, “las medidas de austeridad impuestas bajo la vigilancia de la Junta han mermado considerablemente los servicios públicos, especialmente en educación, sanidad e infraestructura comunal, con repercusiones nefastas para los más desfavorecidos”.
En ese sentido, mencionan el caso del principal centro de enseñanza, la Universidad de Puerto Rico (UPR), a la cual se le han impuesto recortes sustanciales, poniendo en peligro su misión.
También aluden al efecto que ha tenido en los municipios de la isla la supresión del Fondo de Equiparación.
“Las drásticas disminuciones al Fondo de Equiparación municipal han desestabilizado las administraciones locales por todo el territorio, debilitando su capacidad para ofrecer servicios vitales y sostener la infraestructura pública”, añaden los agremiados.
La resolución enfatiza que más de 600,000 puertorriqueños han emigrado al continente desde la creación de la Junta, “un éxodo masivo motivado por el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las escasas oportunidades económicas en su tierra natal”.
Sostienen que la rehabilitación tras el impacto de calamidades naturales, incluidos los huracanes María (2017) y Fiona (2022), una serie de sismos y la pandemia de COVID 19 (2020), se ha visto obstaculizada por los cuellos de botella en los giros de fondos federales y los “tediosos” procesos de aprobación supervisados por la Junta.
El texto concluye que “la presencia indefinida de la Junta menoscaba la soberanía fiscal de Puerto Rico, perpetúa la dependencia y debilita la confianza ciudadana en las estructuras gubernamentales”.
Considerando que la ciudad de Chicago alberga una de las mayores diásporas puertorriqueñas del mundo, incluyendo residentes del histórico barrio de Humboldt Park, los firmantes exigen una intervención inmediata del Congreso para fijar una fecha final para las operaciones de la Junta en Puerto Rico; asegurar una transición hacia la total autonomía financiera y el gobierno democrático; y fomentar la autosuficiencia económica y esquemas de reconstrucción equitativos impulsados por la comunidad y que respondan a los puertorriqueños.
En otra resolución aprobada el 23 de octubre, pero por la Local 1 del SEIU en Chicago, se presentan argumentos similares.
“Casi una década después, la Junta sigue ejerciendo un poder excesivo sobre las finanzas isleñas, generando serias preocupaciones sobre el deterioro de la administración democrática local y la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico”, cuestionan los afiliados.
“Si bien Puerto Rico ha progresado en el saneamiento de su deuda, el restablecer el acceso a los mercados de capital y la implementación de reformas fiscales, el funcionamiento ininterrumpido de la Junta sin un plazo de clausura definido amenaza la reactivación a largo plazo, la autonomía económica y la rendición de cuentas democrática”, afirman.
Al final del llamado, se especifica que se remitirá copia de la resolución a los legisladores de Illinois en el Congreso.
Aunque la líder de la rama es Genie Kastrup, el documento fue rubricado por el secretario tesorero Efrain Elías.
Según los datos de su página web, la sección local 1 del Service Employees International Union agrupa a 50,000 trabajadores en cinco estados y 10 ciudades del Medio Oeste. Su personal incluye conserjes, vigilantes, personal de servicios escolares, trabajadores de aeropuertos, obreros de fábricas, limpiadores de ventanas, porteros, personal de mantenimiento y más.
La sección local 1 es fundadora del SEIU y fue establecida en Chicago en 1921 por trabajadores de mantenimiento residencial.
No es la primera vez que el sindicato se manifiesta sobre temas que afectan a Puerto Rico y que involucran a las autoridades federales.
Por ejemplo, en su convención el año pasado, mediante otra resolución, también reprobaron la presencia de la Junta, al ser impuesta por EE.UU. en Puerto Rico “con total desfachatez” y como “el más puro y directo colonialismo”.
“La Junta ha cargado sobre los hombros de los trabajadores el pesado costo de la reestructuración de la deuda del país. Con este pretexto, congelaron las negociaciones colectivas, anularon derechos y normativas de defensa laboral, decretaron una reforma laboral que elimina el sistema de retiro, aminoraron las pensiones y aplicaron políticas perjudiciales para los empleados del sector privado, excediendo los límites de su supuesta jurisdicción. Estas acciones han reducido la capacidad del gobierno para cubrir las necesidades básicas. Como resultado, se cerraron cientos de escuelas, se limitó el acceso a la educación superior, se agudizó la crisis en el sistema de atención médica, se redujeron los servicios gubernamentales y se intensificaron los índices de miseria”, detallaron en el documento con fecha del 18 de abril.
Además, criticaron duramente el impacto de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, pues consideran que ha provocado el desplazamiento de familias trabajadoras de sus comunidades, el alza en los costos habitacionales y el incremento de la disparidad socioeconómica.
Conforme a la ley PROMESA, para que la Junta suspenda sus operaciones en la isla, deben aprobarse cuatro presupuestos equilibrados sucesivos y Puerto Rico debe reintegrarse a los mercados financieros.
Esto ocurriría después de que el gobierno reestructure la totalidad de su pasivo.
Actualmente, la Junta administra el Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El trámite se ha prolongado por diversas causas, entre ellas la obstinación de un grupo de tenedores de bonos que reclaman el pago completo de la deuda, a pesar de que la propia Junta ha señalado que el territorio no tiene la capacidad de sufragar tal monto.
Además, los ceses de seis de los siete miembros de la Junta ordenados por Trump también ocasionaron demoras.
Una jueza federal en Puerto Rico dictaminó que el presidente debía reincorporar en sus puestos a tres de los removidos, tras ganar estos una demanda contra el gobierno bajo el argumento de que fueron apartados sin causa justificada.
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