Superán

Busco algo en Google, tratando de hallar cómo expresar lo que quiero comunicar.

Pongo en el motor de búsqueda: “Referirse a algo sin nombrarlo directamente”. El primer resultado es un texto sobre “Eufemismo: decir una cosa sin decirla realmente”. Me genera dudas. ¿Es eso lo que busco? ¿Expresar algo sin mencionarlo concretamente?

Reformulo mi búsqueda. Escribo: “Hablar sobre una cuestión sin aludir a esa misma cuestión”. La respuesta es el mismo escrito.

Ahora me pregunto por qué ese texto aparece en primer lugar. Lo abro, pero de inmediato decido ignorarlo. Vuelvo al buscador e introduzco un vocablo que se ha mencionado mucho en los últimos tiempos desde esa tan mal llamada “opinión pública”. Deseo conocer su procedencia etimológica.

Así que hago hincapié en la palabra en su origen, pero no en su forma en español. No es un eufemismo. Es una táctica.

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Imaginemos que era la mañana del 28 de febrero de 1845 (no sé a qué hora ocurrió el suceso que voy a relatar). En esa jornada, en el campo santo municipal de Santo Domingo, hoy conocido como el cementerio de la avenida Independencia, se dispuso un pelotón para ejecutar a cuatro individuos, tres varones y una mujer. Habían sido sentenciados a muerte, acusados de traición por conspirar contra quien era entonces el mandatario de la República, el general Pedro Santana.

Bajo las descargas de ese pelotón cayeron María Trinidad Sánchez, quien un año antes formó parte del grupo que proclamó la soberanía de República Dominicana frente a Haití y se comenta que colaboró en la creación del primer pabellón nacional junto a otras damas. Era pariente de Francisco del Rosario Sánchez, quien leyó el acta de independencia el 27 de febrero del año previo y en ese instante se encontraba exiliado en Curazao. Con ella, su sobrino y hermano de Francisco del Rosario Sánchez, Andrés; José del Carmen Figuereo, un ciudadano venezolano que participó en el proceso emancipador, y el alférez de Artillería, Nicolás de Bari.

Las cenizas de Santana, uno de los mandos militares en las contiendas desarrolladas durante la secesión de Haití y visto como un estratega bélico de aquella gesta, y las de María Trinidad reposan actualmente en el mismo sitio, dentro del Panteón Nacional.

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Samaná. Ya sea por su ubicación geográfica, por su forma alargada que permite acceso a un área privilegiada de corredores marítimos o por algún otro rasgo, durante varias décadas tras la emancipación de 1844, fue ofrecida como baza de negociación para conseguir créditos.

La primera vez fue pocos meses antes del fusilamiento de María Trinidad, la primera fémina ejecutada por motivos políticos en la recién fundada República. La facción afrancesada, liderada por Tomás Bobadilla, quien presidía la Junta Central Gubernativa (el primer organismo de gobierno dominicano), la proponía mediante traspaso o alquiler a cambio de un estatus de protectorado para mantener a los haitianos a raya. La propuesta no prosperó.

La segunda ocasión en que Samaná estuvo a la venta fue en 1869, después de la segunda independencia dominicana (denominada Restauración), librada entre 1863 y 1965, cuando una pugna bélica interna expulsó a los españoles a los cuales se había cedido nuevamente la mitad oriental de la isla como colonia. El entonces presidente Buenaventura Báez requería fondos y puso a Samaná como garantía. El préstamo resultó ser un fraude. El británico Edward H. Hartmont debía desembolsar un monto de 420,000 libras esterlinas, pero solo entregó 38,000. Pese a ello, emitió títulos por una suma superior a la cantidad original pactada. Se lucró, no entregó lo acordado y agravó la ya elevada deuda de la nación.

Antes o durante este mal negocio, Samaná también estuvo implicada en una transacción directa efectuada por Báez con el presidente estadounidense Ulises Grant, ese mismo año. No solo se ofrecía la codiciada Samaná, sino que la nación entera estaba disponible para una anexión (ambas propuestas por separado: Samaná para venta o cesión perpetua), algo similar a lo ejecutado por Pedro Santana en 1861, con la diferencia de que el general negoció con una corona, cuyo trámite no requería el dictamen de otra autoridad; pero en el caso de Báez con Grant intervino el Congreso de Estados Unidos. El senador Charles Summer encabezó la oposición a aquel convenio y ganó la votación en el Congreso en 1870 (de ahí el nombre de la avenida en el Distrito Nacional).

Dos años más tarde, en 1872, Samaná volvió a estar disponible. De nuevo Báez. Alquiló la bahía y la península de Samaná por 99 años a la corporación norteamericana Samaná Bay Company. En esta ocasión, Samaná evitó convertirse en una suerte de territorio ajeno debido a la dimisión de Báez en 1874, forzado por un levantamiento en su contra. El acuerdo fue terminado.

Báez regresó al poder en 1876. Fue depuesto dos años después y se marchó con un botín, primero a Curazao, y después a Puerto Rico.

Samaná gozó de sosiego, al menos como “objeto” de venta o arriendo. Podría referirme al acuerdo que permitió que unas 27 mil toneladas de residuos de carbón (rockash), subproducto de centrales generadoras de electricidad con este mineral y traído desde Puerto Rico desde octubre de 2003, fueran descargados y almacenados en el puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril, a la intemperie, durante cuatro años.

De la anexión a España en 1861 ya he ofrecido algunos pincelazos. Santana, como otros, no confiaba en que la joven República Dominicana pudiera subsistir sin respaldo foráneo (una fe que quizás nunca poseyó). A él se le designó gobernador y capitán general de la provincia recuperada, con el pomposo título de I marqués de las Carreras. La insurrección surgió en 1863, encabezada por Gregorio Luperón. Dos años después, República Dominicana obtuvo su independencia de nuevo. Santana había fallecido el año anterior, en junio de 1864. Se relata que en su agonía manifestaba admiración por la reina española, Isabel II.

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Retomamos los créditos. El malogrado préstamo Hartmont tuvo repercusiones. Pese a ser anulados en 1870, los títulos vendidos fueron adquiridos en el mercado europeo. Los negocios son negocios. Así que, al final, y sin la inclinación de Báez por la venta de tierras, era preciso obtener réditos. Estados Unidos, con su doctrina de “América para los americanos”, puso un freno a Europa y su afán por el cobro forzoso.

Asumió la administración de las aduanas dominicanas, mediante un pacto en 1907, para gestionar y saldar esas deudas. El gobierno dominicano quedó así bajo una suerte de tutela económica. Existió oposición a este estado de cosas, lo que provocó la llegada de los militares en 1916. La injerencia europea evitada en República Dominicana fue asumida por Estados Unidos. Ya no había un mandatario, sino un mando militar de otra nación. Esto se mantuvo hasta 1924. Hubo elecciones, un nuevo presidente, Horacio Vásquez. Dos periodos seguidos. Luego, 1930 y Rafael Leonidas Trujillo.

Pero la vigilancia aduanera no finalizó en 1924, sino 17 años después, en 1941.

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Trujillo. No entraré en pormenores de la tiranía, pero fue durante su mandato que se negoció para poner fin a ese control aduanero. El tratado, suscrito con el Secretario de Estado de EE. UU., Cordell Hull, devolvió esa administración a manos dominicanas, aunque aún quedaban obligaciones pendientes. No había tutela financiera directa, pero sí una tutela dictatorial económica.

Resulta que el Estado y sus bienes eran propiedad de Trujillo. El monopolio tiránico abarcaba el control mayoritario de la producción azucarera (Central Azucarera de Haina), el total del tabaco (Compañía Anónima Tabacalera) y del cemento (Fábrica Dominicana de Cemento); y el de la elaboración y venta de calzado (Fábrica Dominicana de Calzado y Afines), y de los sacos donde se empacaba el azúcar y otros productos (fábrica de sacos y cordelería). También el control absoluto sobre la producción y comercialización de leche y sus derivados (Industrias Lácteas Dominicanas); la gestión y distribución de carne (mataderos y frigoríficos); la molienda y venta del arroz (que se guardaba en los sacos producidos por su manufactura de sacos).

En el ámbito financiero y mercantil, Trujillo acaparaba la importación y distribución de diversos artículos; el sector de seguros (Seguros San Rafael); el transporte marítimo y las rutas comerciales (Compañía de Navegación Nacional); y el control exclusivo de la importación y distribución de remedios. Igualmente, el Banco de Reservas y el Banco Agrícola funcionaban como empresas particulares de Trujillo.

Había más, pues cubría casi todo. Y no, no eran empresas públicas, sino corporaciones bajo el dominio de Trujillo y su parentela, con beneficios para ellos, sin supervisión alguna, sin contrapeso alguno.

Tras Trujillo, todo fue turbulento. Su familia extrajo cuanto pudo. Cuentan que su viuda, María Martínez, olvidó claves de cuentas, y esos fondos, del erario pero pertenecientes a los Trujillo, se esfumaron para siempre en alguna entidad bancaria suiza.

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La incursión militar estadounidense de 1965, tras la destitución del presidente Juan Bosch, en septiembre de 1963, ha sido ampliamente documentada. Desconozco si es necesario añadir algo sobre su contexto, aparte de aquella gesta centrada en la ciudad de Santo Domingo que buscaba el restablecimiento de un mandatario, o al menos un camino más claro.

A diferencia de la de 1916, esta fue una intervención breve. En 1966, Joaquín Balaguer, quien pronunció el elogio fúnebre de Trujillo en 1961, asumió la presidencia de la República.

Pero antes de Balaguer, volvemos a lo financiero, algo parecido pero no idéntico a 1916.

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Para diciembre de 1961, República Dominicana formalizó su primer pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento gobernaba un Consejo de Estado. El colapso final de la dictadura había sumido al país en dificultades económicas. El FMI tomó las riendas de la política fiscal y monetaria. Se implementó una reforma. Este acuerdo se extendió hasta 1963.

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.