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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha advertido que Estados Unidos quedará “desprotegido” y quizás “reducido a un estado similar al Tercer Mundo” si el Tribunal Supremo invalida los gravámenes que este año aplicó a prácticamente todas las naciones del globo.
Los magistrados se mostraron dubitativos durante la exposición oral del miércoles respecto a sus amplias aseveraciones de que posee la potestad de imponer tributos a su arbitrio.
No obstante, la realidad es que Trump aún dispondría de múltiples vías para seguir gravando las importaciones con firmeza, incluso si el tribunal se pronuncia en su contra. Podría recurrir a las facultades arancelarias que usó durante su primer mandato y a otras existentes, incluyendo una que data de la Gran Depresión.
“Es complicado imaginar un escenario en el que los aranceles desaparezcan. Estoy bastante convencida de que podría recrear el actual esquema de gravámenes valiéndose de otras atribuciones”, opinó Kathleen Claussen, catedrática de derecho mercantil en Georgetown.
De hecho, en la vista del miércoles, el abogado Neal Katyal, en defensa de las pequeñas empresas que buscan anular los aranceles, sostuvo que Trump no necesitaba la potestad ilimitada que ha invocado para aplicar tributos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Esto se debe a que el Congreso ya había transferido la capacidad arancelaria a la Casa Blanca a través de diversas normativas, aunque limitando rigurosamente el modo en que el presidente podía emplearlas.
“El Congreso sabe con exactitud cómo ceder sus facultades impositivas”, declaró Katyal.
Los tributos se han convertido en un pilar de la estrategia exterior de Trump en su segundo periodo, con cargas “recíprocas” de dos dígitos impuestas a la mayoría de los países, justificada por él al calificar los persistentes déficits comerciales de EE. UU. como una emergencia nacional.
La tarifa promedio estadounidense ha escalado del 2,5%, cuando Trump regresó a la Oficina Oval en enero, al 17,9%, la marca más alta desde 1934, según cálculos del Laboratorio de Presupuestos de la Universidad de Yale.
El mandatario actuó por su cuenta pese a que la Constitución estadounidense atribuye expresamente la facultad de gravar y aplicar aranceles al Congreso.
Aun así, Trump “tendrá otros instrumentos para generar impacto”, señaló Stratos Pahis, de la Facultad de Derecho de Brooklyn. A continuación, un repaso de algunas de sus posibles vías:
**Neutralizar prácticas comerciales desleales**
Estados Unidos cuenta desde hace tiempo con un recurso efectivo para sancionar a naciones acusadas de emplear prácticas comerciales “perjudiciales”, “desmedidas” o “discriminatorias”. Se trata de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Y Trump le ha dado un uso decidido, sobre todo contra China. En su primer mandato, invocó la Sección 301 para imponer amplios gravámenes a las importaciones chinas en medio de una disputa por las tácticas agresivas de Beijing para desafiar la hegemonía tecnológica estadounidense. Washington también ha utilizado las prerrogativas de la Sección 301 para hacer frente a lo que denomina prácticas injustas chinas en la construcción naval.
“Existen aranceles de la Sección 301 vigentes contra China desde hace años”, comentó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial en administraciones previas de Trump y Biden.
La Sección 301 no impone límites al monto de los gravámenes. Caducan a los cuatro años, pero son prorrogables.
Sin embargo, el representante comercial del gobierno debe llevar a cabo una inspección y, por lo general, permitir una audiencia pública antes de aplicar tributos bajo la Sección 301.
John Veroneau, asesor legal del Representante Comercial de EE. UU. durante el mandato de George W. Bush, indicó que la Sección 301 es útil frente a China. Pero presenta dificultades al tratar con los países más pequeños que Trump ha afectado con tarifas recíprocas.
“Iniciar docenas y docenas de investigaciones de la Sección 301 contra todos esos países es un proceso arduo”, advirtió Veroneau.
**Enfocarse en los desequilibrios comerciales**
Al revocar las tarifas recíprocas de Trump en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. determinó que el presidente no podía recurrir a poderes de emergencia para combatir los desequilibrios de la balanza comercial.
Esto se debe en parte a que el Congreso ya había otorgado a la Casa Blanca una autoridad restringida para abordar el tema en otra ley: la Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974. Esta permite al presidente aplicar impuestos de hasta un 15% por un máximo de 150 días como respuesta a un comercio desigual. El gobierno ni siquiera necesita efectuar una verificación previa.
Pero la potestad de la Sección 122 jamás se ha empleado para aplicar aranceles, y existe cierta incertidumbre sobre su operatividad.
**Salvaguardar la seguridad nacional**
En ambos periodios, Trump ha explotado con fuerza su facultad, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer gravámenes a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.
En 2018 aplicó aranceles al acero y aluminio foráneos, gravámenes que ha extendido desde que volvió al poder. También impuso tasaciones según la Sección 232 a automóviles, componentes automotrices, cobre y madera.
En septiembre, el presidente incluso decretó aranceles de la Sección 232 a gabinetes de cocina, lavabos y mobiliario tapizado.
Veroneau señaló que, si bien la gente puede ser reticente ante la idea de que el mobiliario importado ponga en riesgo la seguridad nacional, “es complicado para los tribunales cuestionar la determinación de un presidente en un asunto de seguridad nacional”.
Los gravámenes de la Sección 232 no están acotados por ley, pero requieren una indagación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es el propio gobierno el que realiza el estudio, al igual que con los casos de la Sección 301, “por lo que tienen bastante control sobre el resultado”, indicó Veroneau.
**Resucitar los tributos de la época de la Depresión**
Casi hace un siglo, con las economías de EE. UU. y el mundo en crisis, el Congreso aprobó la Ley de Gravámenes de 1930, imponiendo fuertes impuestos a las importaciones. Conocidos como los aranceles Smoot-Hawley (por sus impulsores en el Congreso), estos gravámenes han sido ampliamente criticados por economistas e historiadores por restringir el comercio global y agravar la Gran Depresión. Además, tuvieron una mención célebre en la cultura popular en la película de 1986 “Ferris Bueller’s Day Off”.
La Sección 338 de esa ley faculta al presidente a aplicar impuestos de hasta un 50% a importaciones de países que hayan discriminado a empresas estadounidenses. No se requiere estudio ni hay límite temporal para la vigencia de los tributos.
Dichos gravámenes nunca se han impuesto: los negociadores comerciales estadounidenses han preferido históricamente las sanciones de la Sección 301, aunque EE. UU. usó la amenaza de estos en diálogos comerciales en la década de 1930.
En septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó a Reuters que el gobierno estaba contemplando la Sección 338 como un Plan B si el Tribunal Supremo resolvía en contra del uso de facultades de emergencia para aplicar aranceles por parte de Trump.
Veroneau comentó que la normativa Smoot-Hawley tiene mala fama, pero Trump podría hallarla atractiva. “Ser el primer jefe de Estado en usarla podría aportarle cierto prestigio”.
La periodista de Associated Press Lindsay Whitehurst colaboró en este informe.
Esta nota fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de un sistema de inteligencia artificial generativa.
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