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Recientemente examinamos el Índice Global de Crimen Organizado 2025, una publicación que, más que un repertorio de datos, funciona como un registro de debilidades y una herramienta de análisis para la intervención.
El reporte, producido por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), es un instrumento novedoso concebido para cuantificar los índices de actividad delictiva organizada en las naciones y evaluar su capacidad de afrontamiento ante ella. Delinea patrones, peligros y evoluciones de la ilegalidad, ofreciendo una base empírica para orientar reformas, robustecer entidades y fortalecer a la sociedad civil.
El mérito de este estudio reside en su constancia metodológica, lo que permite seguir las variaciones a través del tiempo. No es únicamente un espejo que refleja el panorama actual, sino también una guía estratégica que podría dirigir las decisiones de políticas públicas hacia el futuro, y no exclusivamente en el ámbito de la seguridad.
Este material, sumamente relevante, debería captar la atención de quienes laboran en la administración pública, en la elaboración de estrategias de seguridad, así como de los legisladores, el ámbito académico y la ciudadanía, dado que puede servir como fundamento probatorio compartido para convertir conocimiento en normativas y hechos urgentes en ejecuciones.
Los ilícitos que el índice estudia —desde la coacción y el comercio ilegal de armas hasta las actividades delictivas digitales— no solo representan una amenaza creciente, sino que también demuestran que las estrategias nacionales de adaptación todavía son insuficientes ante la magnitud del reto.
El informe subraya que los mercados más ligados a la violencia son la extorsión y el tráfico de armamento. La primera se nutre de la intimidación y la presión, siendo la fuerza el principal instrumento con que las organizaciones criminales establecen control territorial, obtienen pagos y cimentan su prestigio. En lo referente al tráfico de armas, la conexión con la violencia es aún más directa: las armas clandestinas no son solo mercancía, sino el medio que sostiene el delito, el enfrentamiento y la inestabilidad.
De hecho, el tráfico de armamento en la República Dominicana muestra una correlación de 0.67 con el aspecto de seguridad del Índice de Paz Global 2025, indicando que, donde existe un mayor flujo de armas ilegales, la estabilidad es menor.
El estudio revela una tendencia inquietante: entre 2021 y 2025, la incidencia del crimen escaló de 5.15 a 5.17 puntos, un ascenso leve mas significativo, y también muestra un repunte de 0.20 en los mercados ilícitos, destacando los delitos de trata de personas y tráfico de armas.
En términos comparativos, el país se sitúa en la posición 91 de 193 naciones —ascendiendo tres puestos—; el 21 de 35 países de América, y el 4.º de 13 naciones del Caribe, sin cambios en este último grupo.
Además, el índice resalta peligros emergentes, como las sustancias sintéticas y el cibercrimen, figurando el país como sitio de producción y tránsito de drogas sintéticas, como el éxtasis y el fentanilo, dirigidas principalmente hacia Norteamérica.
El delito informático, por su parte, se consolida como un riesgo en aumento. Los ataques incluyen filtraciones de datos, secuestro de cuentas en redes sociales, software malicioso con rescate (ransomware) y malware, dirigidos incluso a entidades gubernamentales. No obstante, la verdadera magnitud del cibercrimen sigue siendo difícil de precisar, debido a la escasa distinción entre delitos informáticos y agresiones a infraestructuras vitales.
La disyuntiva que presenta el Índice es clara: no basta con menguar el delito; es crucial incrementar la capacidad de respuesta. Las sociedades que mejor afrontan el crimen no son aquellas que lo erradican totalmente, sino aquellas que desarrollan aparatos institucionales robustos, un cuerpo ciudadano alerta y sistemas judiciales fidedignos.
Para el caso dominicano, la capacidad de resistencia mejora, pero sin sobrepasar aún la actividad delictiva. Esa diferencia debe convertirse en objetivo nacional prioritario, si buscamos transformar la fragilidad en fortaleza, y la reacción en previsión.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 es más que un análisis: es una advertencia y una oportunidad. Un llamado a interpretar nuestros riesgos no como un destino, sino como un ámbito para la acción estratégica.
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