Miami. — En la víspera de su segunda investidura, Donald Trump prometió que la frontera sur de Estados Unidos dejaría de ser una “invasión”. “Para cuando se oculte el sol mañana, la invasión de nuestro país habrá llegado a su fin”, afirmó ante miles de seguidores que aplaudían la promesa de “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Esa declaración marcó el tono de un año en el que México volvió a convertirse en muro, sala de espera y amortiguador de la estrategia migratoria de la segunda era Trump.
Ya como presidente, Trump materializó ese discurso mediante órdenes ejecutivas firmadas a una velocidad sin precedentes. Declaró emergencia nacional en la frontera sur, ordenó la suspensión del reasentamiento de refugiados y clasificó a varios cárteles como organizaciones terroristas, abriendo así la puerta a una lógica de “enemigo” también contra redes de migración irregular.
En la misma ráfaga reinstauró el programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo a esperar del lado mexicano, canceló el uso de la aplicación CBP One para convertirla en CBP Home y fomentar autodeportaciones, reanudó la construcción del muro y el despliegue de tropas bajo el Comando Norte. “El mensaje a México fue claro desde un principio: aceptar más retornos, contener a más personas y hacerlo rápido y sin objeciones”, señala a EL UNIVERSAL la activista política y comunitaria Laura Gómez.
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El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, integrado por legisladores demócratas de origen latino, denunció estas medidas como un ataque directo a millones de familias. “La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados son personas trabajadoras que han pagado impuestos y contribuido a la sociedad estadounidense durante décadas”, recordó el congresista Joaquin Castro, subrayando que Trump “insiste en equiparar a los inmigrantes con delincuentes” a pesar de que los propios datos federales demuestran lo contrario.
Como resultado de acuerdos directos con Trump, el gobierno mexicano desplegó 10 mil elementos de la Guardia Nacional en los seis estados fronterizos mexicanos.
En Estados Unidos, la maquinaria de redadas se aceleró.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) reanudaron operativos en barrios, centros de trabajo, iglesias, escuelas e incluso hospitales, tras la eliminación por parte de Trump de restricciones sobre los llamados “lugares sensibles”, especialmente en las denominadas ciudades santuario. La nueva ley de deportaciones aprobada en el Congreso amplió la expulsión a personas sin papeles que hubieran cometido delitos menores, aunque no tuvieran condena, eliminando protecciones que antes beneficiaban a parte de la comunidad.
“Desde un inicio se registraron detenciones violentas por parte de agentes federales con el rostro cubierto, sin identificarse”, señala Gómez; y, según abogados y organizaciones civiles, sin mostrar orden judicial alguna.
En Washington DC, varios medios documentaron operativos de ICE con “agentes enmascarados, patrullas sin identificación, detenciones sin aviso”; más de 600 arrestos en tres semanas que mantuvieron en alerta a barrios enteros.
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El siguiente giro llegó en marzo, cuando el gobierno de Trump reabrió el centro residencial de Dilley, en Texas, para encerrar hasta 2 mil 400 familias migrantes, incluidos bebés, reeditando las baby jails que habían sido ampliamente criticadas en 2018.
En redadas como las realizadas en invernaderos de cannabis en Carpinteria y Camarillo, California, soldados de la Guardia Nacional aparecieron armados y con equipo táctico, conteniendo a vecinos y manifestantes mientras decenas de trabajadores, en su mayoría migrantes, eran sacados en fila hacia los camiones de traslado; en la frontera, columnas de vehículos militares y puestos de observación de estilo castrense se volvieron parte constante del paisaje urbano de ciudades como El Paso, Brownsville o Yuma, reforzando la idea de que “el control migratorio se militarizó hasta el punto de convertir a soldados y guardias en policías migrantes, en detrimento de su profesión”, comenta la activista Gómez.
El gobierno cifra en 605 mil las deportaciones y en 1.9 millones las autodeportaciones, aunque la cifra real de deportados ronda los 300 mil. Según datos recabados por la cadena estadounidense CNN, el 53% de los latinos deportados por EU son mexicanos (unos 111 mil, hasta octubre).
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Las consecuencias económicas se han hecho sentir: un análisis de Civil Eats señaló que, entre enero y julio, al menos un millón 200 mil personas nacidas en el extranjero salieron de la fuerza laboral estadounidense y que la agricultura ya mostraba una caída del 6.5% en la mano de obra, en plena temporada de cosechas. Otro reporte, de VisaVerge, describió obras de reconstrucción, sólo en California, operando “con menos de la mitad de su fuerza laboral habitual”.
En México, las remesas enviadas desde EU cayeron alrededor de un 5% respecto al año anterior, una baja de más de 2 mil 500 millones de dólares entre enero y octubre, según cifras del Banco de México. La “cacería” ha resultado un pierde-pierde en ambos lados de la frontera. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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