La exsubdirectora de la Comisión Nacional del Agua, Elena Burns, y el académico de la Universidad Autónoma de Puebla, Francisco Vélez Pliego, hicieron un llamado a la movilización social en Puebla contra la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas, a la que calificaron como una norma “de derecha” que perpetúa el modelo neoliberal instaurado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ambos exhortaron a “no disciplinarse” y a defender el derecho humano al agua, frente a un marco legal que, advirtieron, consolida la mercantilización del recurso.
Durante el aniversario de la Asamblea Social del Agua (ASA), Burns y Vélez destacaron que la discusión de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de Puebla será fundamental para frenar la privatización del servicio en la entidad y para promover su desprivatización.
Recordaron que la ASA ha sido un actor clave en la defensa ciudadana del agua y en la exigencia de que el abastecimiento sea reconocido y protegido como un derecho humano, no como un negocio.
Burns afirmó que la aprobación del nuevo marco legal sitúa al país en una situación similar a la que vivió Puebla en 2013, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas impulsó la privatización del servicio de agua. Consideró contradictorio que una legislación de corte derechista provenga de una administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, quien, cuando fue jefa de Gobierno de Ciudad de México, revirtió procesos privatizadores y defendió la autodeterminación de los pueblos originarios sobre el manejo del agua.
Recordó que con la Ley de Aguas Nacionales aprobada durante el sexenio salinista se creó la Conagua en 1989 y se impuso un sistema único de concesiones de aguas nacionales que convirtió al agua en mercancía. Afirmó que con la nueva ley se decide “perpetuar la ley salinista” a pesar del deterioro y la contaminación de cuencas, por lo que insistió en que los movimientos socioambientales no están derrotados y no deben “disciplinarse” ante la narrativa oficial del “buen gobierno” del agua.
Burns también cuestionó la simulación del Congreso de la Unión, que abrió foros de discusión con colectivos y defensores del agua, pero finalmente aprobó sin cambios sustanciales la propuesta enviada por Conagua. Señaló que no se incorporaron demandas centrales como la prohibición explícita de la privatización ni el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios.
La investigadora advirtió que la nueva legislación favorece a las industrias, a pesar de que son las principales deudoras del recurso hídrico. Expuso que estos sectores pagan alrededor de 12 mil millones de pesos por derechos, cuando deberían cubrir más de 50 mil millones, por lo que existe un déficit de más de 40 mil millones de pesos que no se cobra. En ese contexto, insistió en la necesidad de aplicar de manera efectiva el principio de “quien contamina paga y regenera” frente al deterioro de las cuencas.
En su intervención, Francisco Vélez Pliego, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, coincidió en la urgencia de convocar a la movilización social durante la adecuación de la ley federal en las constituciones locales. Planteó que esta fase legislativa será determinante para defender el derecho humano al agua en los estados y para resistir las presiones de los intereses empresariales que buscan mantener el esquema concesionado.
Vélez propuso transformar la visión sobre la gestión y custodia del agua desde una perspectiva de bioculturalidad, que reconozca las formas comunitarias de siembra y manejo del territorio. Subrayó la importancia de conservar las prácticas tradicionales de las comunidades y de avanzar en nuevos ordenamientos territoriales que pongan en el centro la protección de los ecosistemas y las cuencas.
El académico agregó que, aunque no se logró revertir la reforma con sello salinista, se debe trabajar en nuevos marcos normativos que obliguen a la empresa Concesiones Integrales a cumplir con sus responsabilidades. Criticó que dicha compañía no ha realizado las inversiones necesarias ni trabajos significativos en las redes de distribución, a pesar de los cobros que realiza a los usuarios en Puebla.
En la conmemoración del 12 aniversario de la ASA se proyectó un mensaje en video de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, quien destacó que la lucha de la Asamblea Social del Agua se ha convertido en un referente nacional en la defensa del derecho humano al agua. Reconoció que este colectivo, nacido en Puebla, ha logrado articularse con otras organizaciones del país para enfrentar la privatización del servicio.
Batres señaló que la ASA, en coordinación con otros grupos como la Colectiva por el Bienestar Social, ha sido particularmente creativa y efectiva en la interposición de amparos contra la privatización, las tarifas excesivas y la distribución por “tandero”. Consideró que estas prácticas, prevalecientes en Puebla, encarecen el servicio, profundizan la desigualdad y resultan indignantes para amplios sectores de la población.
La ministra subrayó la importancia del esfuerzo sostenido de la ASA para difundir que el agua es un derecho humano y no una mercancía. Al referirse a las últimas décadas, describió el contexto como marcado por un “neoliberalismo rapaz” y reconoció que la lucha de las organizaciones ciudadanas no ha sido sencilla. Al mismo tiempo, expresó buenos augurios para el trabajo del colectivo en esta nueva etapa de disputa por el marco legal del agua.
Por su parte, María Eugenia Ochoa García, integrante de la ASA, recordó que, gracias al activismo desarrollado durante 12 años, se logró el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución local. Consideró que este avance normativo es resultado directo de la presión social y del litigio estratégico impulsado por el colectivo y las comunidades afectadas por la privatización.
Ochoa expuso que en este periodo se han promovido más de 500 amparos para restituir el servicio a usuarios a quienes se les cortó el suministro de agua. Añadió que la ASA también se sumó a la demanda colectiva contra Concesiones Integrales por incumplir con el saneamiento de las aguas residuales, uno de los compromisos centrales de la concesión.
Lamentó que, a pesar de estos logros, ningún gobierno ni Congreso identificado con la llamada Cuarta Transformación haya decidido revertir la concesión del servicio de agua. Explicó que el entramado jurídico que protege a los particulares y la amenaza de indemnizaciones millonarias han funcionado como freno, pero advirtió que a las y los poblanos “les ha salido más cara la privatización” que la inversión pública que se habría requerido para garantizar un servicio digno.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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