Asimismo, afirmó que esta reconfiguración debe orientarse al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) se pronunció sobre el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), señalando que esta reforma debe concebirse como una “reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación”.
Asimismo, afirmó que esta reconfiguración debe orientarse al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.
Esta declaración se encuentra en un comunicado en el que ADRU también reconoció la potestad del Estado dominicano para reorganizar su estructura administrativa.
No obstante, sostuvo que estos procesos deben diseñarse adecuadamente para preservar los logros alcanzados, fortalecer la institucionalidad y asegurar el cumplimiento efectivo de las atribuciones misionales de las instancias a reestructurar, de modo que se constituya en una transformación institucional profunda del sistema educativo y científico nacional.
Por ello, propuso trabajar en una Ley General de Educación y Ciencia que articule “coherentemente todos los niveles educativos con la producción científica y las demandas estratégicas del desarrollo nacional”.
Asimismo, ADRU sostuvo que la educación superior no puede ser tratada únicamente como un nivel más del sistema educativo, sino como un subsistema estratégico con funciones claramente definidas: la formación profesional de calidad, la investigación científica y la vinculación y extensión universitaria.
“La ausencia de una arquitectura institucional robusta para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la postergación de una legislación específica en esta materia, representa un riesgo para la competitividad y el desarrollo del país”, señala parte del comunicado.
Asimismo, la Asociación identificó como aspectos esenciales a revisar: el reconocimiento de las funciones sustantivas de la universidad, y la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución de la República, que es un principio rector del sistema de educación superior.
“Si bien el proyecto de ley la enuncia, introduce formulaciones que generan ambigüedad jurídica y podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones universitarias”, destacó ADRU.
La ADRU sostiene que esta autonomía debe estar claramente protegida y armonizada con mecanismos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.
También afirmó que la supresión del Consejo Nacional de Educación y del CONESCyT, y su sustitución por un órgano consultivo, “debilita” la gobernanza democrática del sistema educativo y concentra las decisiones en una sola instancia.
Igualmente, reiteró la necesidad de separar claramente las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y propone la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, conforme a estándares internacionales.
La ADRU calificó como “indispensable” el fortalecimiento y la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, reconociendo la educación técnico-profesional y promoviendo trayectorias formativas flexibles, continuas y reconocidas, en consonancia con el Marco Nacional de Cualificaciones.
“La ADRU hace un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a abrir un espacio amplio de diálogo y concertación, que permita que la reforma del sistema educativo dominicano se convierta en una verdadera política de Estado orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad”, indicó. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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