El director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, advirtió que serán sancionados aquellos contribuyentes que aún no han iniciado los procedimientos para la adopción de la Facturación Electrónica, conforme al plazo establecido según el tamaño de las empresas y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32-23.
Sobre las sanciones aplicables, el director recordó que “todo está establecido en la misma ley, estamos hablando de multas pecuniarias, económicas, que también están establecidas y que equivalen a salarios mínimos”. No obstante, subrayó que la consecuencia más importante para quienes no ingresen al sistema es que “no podrán facturar, por lo que deben hacerlo a tiempo”.
Explicó que el primer grupo obligado a implementar el sistema de facturación electrónica fue el de los 633 Grandes Contribuyentes Nacionales, y que ya todos cumplen con esta obligación.
Sin embargo, del segundo grupo, compuesto por 13,086 contribuyentes clasificados como grandes locales y medianos, algunos no han cumplido y su plazo venció el pasado mes de noviembre.
De acuerdo con la ley, el resto de los contribuyentes (Pequeños, Micro y no clasificados) dispone de 36 meses para adaptarse a esta modalidad de facturación, contados a partir del 15 de mayo de 2023.
Valdez sostuvo que la factura electrónica es un instrumento clave para combatir la informalidad.
“La facturación electrónica es un medio excelente para enfrentar la informalidad, porque si usted tiene una empresa y Patricia tiene otra, y usted le intenta vender a Patricia pero ella está informal, no podrá hacerlo”, expresó.
Ofreció estos detalles durante una conferencia sobre Facturación Electrónica, en la que participaron 150 instituciones del Estado, como parte de los esfuerzos del gobierno para que todas sus dependencias adopten esta modalidad de facturación, conforme a lo establecido en la Ley núm. 32-23.
El evento se llevó a cabo en el Centro de Capacitación de Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI). Valdez Veras destacó el impacto de la Facturación Electrónica para mejorar la trazabilidad fiscal y reducir los niveles de evasión e informalidad en las operaciones comerciales.
Recordó que, en esa línea, la DGII y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que ordena que las facturas derivadas de los procedimientos de contratación pública sean emitidas de manera electrónica para efectos de pago. Por tanto, llamó a las instituciones del Estado a cumplir con la Ley de Facturación Electrónica, la cual —aseguró— es una de las más modernas de la región.
“Reiteramos que todas las instituciones del Estado deben incorporarse a la Facturación Electrónica; de lo contrario, no podrán realizar ningún tipo de transacción con sus proveedores. Una vez cumplidos los plazos establecidos, ningún proveedor que no esté facturando de manera electrónica podrá emitir comprobantes fiscales”, enfatizó el funcionario.
Valdez Veras también resaltó el cumplimiento de la ley por parte de los contribuyentes que han adoptado la Facturación Electrónica e instó a quienes aún no lo han hecho a cumplir con la normativa para poder facturar entre empresas y con las instituciones del Estado.
En la conferencia expusieron Yassely Carolina Diloné Santos, gerente de Control de Impuestos del Banreservas; Dolores Martínez, analista de Impuestos de la Procuraduría General de la República Dominicana; y Milagro Oliveros y Leandro Turbi, ambos coordinadores comerciales de The Factory HKA Dominicana, proveedor autorizado de Servicios de Facturación Electrónica. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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