El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, ha instado a todos los operadores del sistema de justicia a priorizar el uso de acuerdos y soluciones alternativas como la vía principal para descongestionar los tribunales y lograr una reducción significativa del gasto público.
Valentín presentó un argumento estrictamente económico durante un almuerzo con medios de comunicación: el costo de mantener un proceso judicial es excesivamente alto y representa una carga insostenible para el sistema.
La carga financiera de la prisión
El jurista comparó el costo de la prisión preventiva con el de las garantías económicas:
“Cuando calculamos el costo de un privado de libertad versus una garantía económica de 5 mil pesos, el Estado sale perdiendo.”
Según datos de la Procuraduría General de la República, mantener a una persona privada de libertad le cuesta al Estado unos 26 dólares al mes. Valentín lamentó que muchos jóvenes permanecen meses en prisión sin poder pagar fianzas de apenas RD$2,000.
Actualmente, la población penitenciaria en el país asciende a 25,000 personas, distribuidas en los distintos modelos carcelarios, lo que representa un gasto constante para las arcas públicas.
Para el director de la Defensa Pública, el exceso de litigio innecesario se debe a una “apatía” de los operadores del sistema, quienes a menudo no exploran la posibilidad de un acuerdo antes de judicializar el caso.
En muchas situaciones, “la víctima lo que quiere es que le resarzan los daños”, algo que se puede lograr mediante mecanismos alternativos al juicio.
Valentín enfatizó la importancia de los acuerdos para la eficiencia del personal: “Un proceso resulta extraordinariamente caro y costoso para el sistema de justicia”. “¿Y saben por qué son tan importantes los acuerdos? Porque nosotros, los operadores del sistema, estamos cansados de tantos casos.”
El director comparó la situación con la de Estados Unidos y Puerto Rico, donde los acuerdos resuelven más del 95% de los casos y se consideran el procedimiento habitual.
La ONDP, junto con el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, ha impulsado la Mesa Nacional de Acuerdos para promover estas soluciones alternativas al juicio.
Valentín destacó el trabajo de la Defensa Pública, que logró resolver más de 5,000 casos en el año mediante autos de no ha lugar y sentencias absolutorias.
No obstante, subrayó que si estos casos se hubieran resuelto mediante acuerdos en una etapa temprana, se habría ahorrado una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y presupuesto a la institución y al sistema judicial en general.
Valentín aprovechó la ocasión para reiterar la postura de la Defensa Pública respecto al Código Penal, que se prevé entre en vigor en agosto del próximo año, y las recientes modificaciones al Código Procesal Penal.
Dijo que la Defensa Pública se ha opuesto “siempre… al aumento de la pena en el país, abrazando los derechos fundamentales y el principio de progresividad de los derechos humanos.”
El enfoque, según Valentín, no debe ser el castigo ni el “ojo por ojo y diente por diente”, sino aumentar la prevención del delito, aplicar las teorías de regeneración, rehabilitación, reeducación y, sobre todo, reinserción social.
El director argumentó que el cúmulo de penas o incluso la pena de muerte “no va a resolver” el problema del crimen, y que la solución está en la prevención.
Preocupaciones sobre el CPP
Sobre la reforma al CPP, Valentín expresó que era necesaria, pero manifestó serias preocupaciones sobre la orientación del texto.
Subrayó que un Código Penal es “literatura política, criminal del Estado”, mientras que un Código Procesal Penal debe “garantizar debido proceso, respetar los derechos fundamentales” y atender las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional.
Advirtió contra la tentación de “extrapolar al código procesal penal como si fuera un código penal y producir un CPP que atropelle a las personas en conflicto con la ley penal.”
El debate de los procesos
Un punto central de la crítica de Valentín es la ampliación de los plazos y la reintroducción de conceptos como el “plazo razonable”, a pesar de que el CPP de 2002 ya había establecido plazos fijos para superar el desorden del Código de Procedimiento Criminal.
Para el director, es una “locura” querer una dualidad entre “plazo razonable y plazo determinado” y señaló que el problema de los plazos es de los “operadores del sistema que jugamos con ellos,” no de la ley.
“No podemos retroceder en las garantías que ya habíamos alcanzado como Estado bajo ninguna circunstancia,” concluyó Valentín, enfatizando la lucha permanente de la Defensa Pública por los derechos y garantías de cada ciudadano, sin distinción. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
