La audiencia fue reprogramada para el jueves 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Santiago Hazim y otros nueve acusados de sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia fue reprogramada para el jueves 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El Ministerio Público los acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, que supera las 500 páginas, el entramado sustrajo más de RD$ 15,921,369,659.62 hasta el cierre de 2024.
De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus “asistentes más cercanas”, identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes asistían a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
El Ministerio Público también afirmó que este grupo trabajaba de manera “articulada” para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un “poder determinante”, afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores “agraciados” y gestionaba directamente contratos fuera del procedimiento regular.
De manera similar, está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. Su función era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su labor consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin la documentación o infraestructura adecuada.
Asimismo, se menciona a la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario