Durante el fin de semana, el Ministerio Público realizó allanamientos y arrestos que resultaron en un total de diez imputados en el caso de supuesta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad y acusado de favorecer a amistades y personas de su círculo político mediante la aprobación de contratos, justificaba los acuerdos con frases como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, según declaró al Ministerio Público Nidia Esmeralda Valdéz, analista del departamento de gestión de redes y contrataciones médicas del Senasa.
La solicitud de medida de coerción por 18 meses, presentada la noche del lunes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, establece que el esquema era ilícito y que dentro del mismo “aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos en la red de seguros del Seguro Nacional de Salud”.
Hazim fue director de la entidad durante el periodo 2020-2025.
Según el expediente, Hazim, junto a Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Germán Robles y Carmen José Velásquez, crearon una asociación ilícita con el objetivo de legalizar un “esquema de desvío de funciones, corrupción y tráfico de influencias en la aprobación de prestadores de salud del Senasa”.
El Ministerio Público indicó en el documento de 535 páginas que esta organización fue denominada Comité de Contrataciones Médicas.
Dentro del Comité de Contrataciones Médicas, Francisco Iván Minaya se desempeñaba como gerente de salud y supervisaba los acuerdos; Roberto Canaán era gerente de atención al usuario y ejerció parte de su poder dentro del Senasa para presionar en la habilitación de prestadores sin documentación ni infraestructuras adecuadas.
Por su parte, Carmen José Velásquez, gerente de afiliación, participaba en la validación de firmas previamente autorizadas por Hazim.
El rol de Germán Robles no fue destacado dentro de la supuesta asociación ilícita.
Además, esta estructura fue creada específicamente para permitir que centros sin habilitación, sin infraestructura y sin documentación fueran aprobados por “conveniencia política” para personas que, en ciertos casos, ni siquiera eran prestadores del seguro.
El Ministerio Público señala que la manipulación de procesos de contratación, autorización de servicios y pagos a prestadores generó un sistema fraudulento durante el periodo 2020-2025 dentro del Senasa.
Asimismo, la Unidad Antifraude llevó a cabo investigaciones que demostraron desconocimiento de los procesos establecidos por Senasa, lo que permitió la suscripción de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían con los requisitos legales exigidos para dichas actividades. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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