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San Diego reporta detenciones sorpresivas de inmigrantes durante trámites legales, pese a cifras federales de “logros” migratorios en 2025
SAN DIEGO. — En medio del reporte federal de 196,600 procesos de deportación iniciados, más de 14,400 personas remitidas a ICE y 2,400 arrestos realizados en oficinas migratorias como parte de lo que se considera un avance del sistema migratorio en 2025, en San Diego estas estadísticas ya se reflejan en detenciones inesperadas de inmigrantes durante entrevistas para la tarjeta verde, incluso de quienes no tienen antecedentes penales y acudían a completar trámites legales para regularizar su situación.
Desde mediados de noviembre, agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) han procedido a detener solicitantes de residencia permanente dentro de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en San Diego, una práctica que abogados especializados califican como poco habitual y preocupante, generando temor entre familias que buscan permanecer legalmente en el país, según reportes de NBC 7 San Diego.
Testigos y familiares relatan escenas inquietantes: personas arrestadas al término de entrevistas que representaban el último paso para obtener la residencia, algunas acompañadas por menores. En al menos dos casos documentados, los detenidos fueron inmigrantes europeos —un hombre alemán y una mujer británica— ambos sin antecedentes criminales y con trámites en curso.
“Entraron tres hombres con máscaras, chalecos antibalas y armas y dijeron que iban a arrestar a Tom”, relató Audrey Hestmark, esposa de Tom Bilger, detenido tras su entrevista. “Nos informaron que tenían una orden pero no mostraron identificaciones y se lo llevaron esposado. No pude seguirlos ni supe a dónde lo trasladaron”.
Una situación parecida vivió Stephen Paul, cuya esposa fue arrestada mientras sostenía a su hijo de casi seis meses. “Tuvimos que quitarle el bebé llorando de los brazos a su madre”, contó. “Habíamos cumplido con todo correctamente. Nuestros abogados nos explicaron que las prolongaciones del estatus suelen ser perdonadas durante el proceso para la green card”.
Ambas familias afirman haber ingresado sus solicitudes por vías legales, sin cargos penales y siguiendo las recomendaciones tradicionales. Sin embargo, tras las detenciones permanecieron horas sin información, con los arrestados inicialmente retenidos en el sótano del edificio federal y luego trasladados al Centro de Detención de Otay Mesa, sin haber sido formalmente procesados.
Estas detenciones coinciden con datos federales que indican que la mayoría de los arrestos migratorios en la zona no están ligados a delitos penales. De acuerdo con cifras de inewsource, hasta octubre de 2025 ICE realizó cerca de 5,000 arrestos en los condados de San Diego e Imperial, y el 58 % de los detenidos carecía de antecedentes criminales, enfrentando violaciones administrativas como estadías prolongadas o documentos incompletos.
Para abogados y defensores, el mensaje es claro y disuasivo. “Arrestar a personas durante citas legales deteriora la confianza en el sistema e inhibe que familias se presenten a procesos diseñados para legalizar su estatus”, señalaron organizaciones comunitarias que reportan un aumento en consultas urgentes por temor a separaciones familiares.
Consultada por NBC 7 sobre estos casos específicos, ICE respondió que está “comprometida con la aplicación de la ley migratoria” y que personas sin estatus legal “pueden enfrentar arresto, detención y remoción incluso dentro de instalaciones federales”. Ante preguntas adicionales, la agencia mantuvo esta respuesta.
Estos arrestos ocurren en paralelo a un aumento en las facultades coercitivas reportadas por USCIS en su informe anual 2025: 29,000 investigaciones por posible fraude, 196,600 Notificaciones de Comparecencia, cancelación de programas humanitarios y reunificación familiar, reducción de permisos laborales y endurecimiento en procesos naturalización.
Aunque el informe oficial presenta estas medidas como defensa del interés nacional y la integridad del sistema migratorio, los casos documentados en San Diego evidencian el costo humano: bebés separados de sus madres, hogares sin sustento económico y familias atrapadas en un limbo legal tras acudir voluntariamente a cumplir con la ley.
“Nadie quiere ver familias destruidas así”, dijo Paul señalando a su hijo. “No puedes mirarlo y pensar que está bien quitarle a su mamá”.
Mientras el gobierno federal exhibe cifras récord en detenciones y procesos migratorios, la experiencia vivida por estas familias suscita una pregunta esencial ausente en los informes oficiales: si el endurecimiento migratorio realmente combate el fraude o si castiga indiscriminadamente a quienes intentan actuar conforme a la ley.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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