Los supermercados líderes solicitan la paralización del estudio de salvaguardia por “severa desprotección” y fallas fundamentales en la indagatoria.
Las principales cadenas minoristas del país presentaron una petición firme a la Comisión de Defensa Comercial (CDC): paralizar inmediatamente el procedimiento de examen por salvaguarda para las galletas, alegando que el expediente presenta deficiencias tan grandes que se ha vuelto un trámite “legalmente inviable” y que sitúa al sector importador en un estado de vulnerabilidad incompatible con el debido proceso.
El comunicado, firmado por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, indica que desde el comienzo de la fase de estudio, la CDC ha actuado con un grado de imprecisión y falta de datos que impide valorar adecuadamente si la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao es procedente.
Los importadores sostienen que ni ellos ni otros interesados han podido acceder a documentos cruciales del caso, incluidos los anexos con balances financieros, análisis de causalidad y la evidencia que supuestamente fundamenta el “perjuicio grave” manifestado por las empresas peticionarias, a pesar de que la propia Ley 1-02 obliga al organismo a facilitar el expediente completo para su revisión. Esta omisión, subrayan, ha sido admitida incluso por el propio Departamento de Investigación de la CDC, el cual reconoció necesitar precisiones adicionales de las empresas que solicitaron la medida.
Otro aspecto es la vaguedad de los artículos bajo escrutinio; según los importadores, la CDC está llevando a cabo un estudio cuyo objeto ni siquiera ha sido definido con claridad.
La definición actual engloba casi todas las variedades de galletas dulces y saladas, lo cual, a juicio de los minoristas, imposibilita cualquier análisis riguroso sobre la dinámica del mercado, la evolución de las compras externas o el efecto real sobre la competencia.
Advierten que esto no solo hace imposible aportar una respuesta técnica a la investigación, sino que pone en duda la validez legal de cualquier conclusión posterior del ente.
Las cadenas denunciaron que la fecha límite para completar los formularios requeridos por la normativa expira el 25 de noviembre, sin embargo, todavía no se les han entregado los insumos necesarios para cumplimentarlos. Señalan que la autoridad estaría exigiendo información que solo se puede generar con documentación que la propia entidad no ha facilitado, obstaculizando su derecho a la defensa.
Los importadores solicitaron al Pleno de Comisionados suspender el proceso hasta que se determine con exactitud el alcance del estudio, se entregue la totalidad del expediente y se adapten los plazos a las circunstancias reales del marco legal.
Manifiestan su confianza en que la CDC obrará con seriedad, ya que cualquier resolución tomada sin las salvaguardas mínimas podría acarrear consecuencias económicas, sociales y de imagen de gran magnitud.
Mientras aumenta la presión para que la entidad reconsidere las condiciones bajo las cuales avanza la indagatoria, los importadores observan con preocupación la petición de medida cautelar que la CDC está analizando: un gravamen adicional que podría elevar los impuestos de importación hasta el 87.1%.
Aseguran que el dilema ya no es solo si la salvaguardia es apropiada o no, sino si el país puede afrontar una decisión de alta repercusión social basada en un expediente incompleto y un proceso cuestionable desde su raíz.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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