En el Perú que se dirige hacia el 2026, el poder se mide en toneladas de sedimento removido, en dragas sobre ríos amazónicos y en votos obtenidos en zonas donde el Estado llega con retraso. La minería ilegal ha dejado de ser un fenómeno fronterizo: se ha convertido en un actor político que ha aprendido a moverse dentro de los partidos, a negociar en comisiones, a impulsar pre dictámenes y a detectar vacíos legales.
La evidencia reciente resulta incómoda: al menos diez aspirantes al Congreso en cinco regiones compiten con sanciones por extracción ilícita o como dirigentes de gremios que exigen “flexibilizaciones”, y lo hacen dispersos en distintas bancadas. No se trata de una bancada monotemática, sino de una infiltración transversal, con Perú Libre y Podemos Perú en primera línea.
En el Congreso, además, los apoyos no son marginales: la ampliación del régimen de transición a la formalidad recibió votos mayoritarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Perú Libre y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. Es decir, de todo el espectro político. El método es claro: entrar por las listas y luego modificar la norma desde adentro.
El REINFO, un sistema que se ha convertido en una especie de barril sin fondo para ampliar indefinidamente el estatus de los mineros, se ha transformado en una herramienta polémica: mientras tramitan su formalización, se les brinda una cobertura excepcional que los exime de responsabilidad penal por minería ilegal durante el trámite. Supuestamente, se buscaba que los mineros inscritos en este registro asumieran y cumplieran compromisos, pero esa exigencia se ha desvanecido.
Paralelamente, el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Nacional, ha encendido otra alarma con una promesa tendenciosa hecha en el foro empresarial CADE: revocar concesiones mineras formales, que él ha denominado “ociosas”, para redistribuirlas, en un guiño explícito a bases informales que reclaman esas áreas —usualmente por la fuerza—. Esta es una consigna demagógica por tres razones:
Primero, los tiempos reales para un proyecto minero, desde el descubrimiento, estudios, consulta, permisos y construcción, requieren en promedio 40 años hasta producir, según el Instituto Peruano de Economía. En segundo lugar, no es gratuito “retener” una concesión. El titular paga por mantener su derecho. López Aliaga ha afirmado que “pagan 3 dólares”. Por su parte, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Minera El Brocal, replicó que el costo real, con penalidades y obligaciones, puede escalar a entre 30 y 150 dólares por hectárea al año si no hay producción. En tercer y último lugar, esta propuesta constituye un premio a la toma por la fuerza. En un país con invasiones de concesiones y fiscalización débil, “revocar y repartir” en campaña normaliza la captura territorial.
Además, aunque López Aliaga niega vínculos con mineros ilegales, su propuesta se alinea con los objetivos de los gremios ilegales y allana el terreno político y regulatorio en pleno inicio de campaña. Periodistas como Marco Sifuentes ya han contradicho al candidato, señalando que al menos tres miembros de su partido están vinculados a la Confemin, gremio que agrupa a los mineros ilegales.
Al mismo tiempo, el precio del oro en máximos y la violencia en enclaves mineros (Pataz es una herida reciente) han fortalecido a los gremios para cercar Lima: bloqueos, campamentos frente al Congreso sin ningún tipo de movilización policial en contra (un hecho curioso si se compara con las marchas de la generación Z), presión sobre ministros y caídas de gabinetes. Quien subestima esa capacidad de movilización no comprende el incentivo: oro que se vende fácilmente, con mercurio que envenena ríos y con rutas que hoy comparten mineros y redes criminales internacionales. Esa normalización se traduce en política: si tengo fuerza para cerrar carreteras, también la tengo para colocar candidatos y presionar en comisiones.
La informalidad no surge por arte de magia. Es una respuesta cruda a tres factores: (i) déficit de empleo formal y de industrias que absorban mano de obra en corredores mineros; (ii) barreras de entrada a la formalización (trámites complejos, corrupción, falta de asistencia técnica); y (iii) precio del oro en máximos, que hace rentable asumir riesgos con redes que proveen insumos y salida del metal.
Si los partidos políticos continúan habilitando operadores evidentes del circuito ilegal, y si se hace campaña prometiendo repartir concesiones como si fueran rifas, el resultado será una ley a la carta y un Estado aún más controlado por actores sociales que contaminan sin ningún tipo de restricción. Este ecosistema no es romántico: arrastra violencia, contrabando, trata, lavado y devastación ambiental en un país cuya economía depende en gran medida de la minería.
José de la Torre Ugarte es licenciado en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA de Pacífico Business School. Ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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