Una oleada de normativas migratorias dispuestas por el mandatario estadounidense Donald Trump, especialmente dirigidas a migrantes de naciones en desarrollo, ha causado revuelo en Estados Unidos tras el atentado perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. esta semana.
La paralización de tramitaciones de asilo, la revisión de residencias permanentes o ‘green cards’, y la reducción de exenciones impositivas son algunas de las acciones implementadas por Trump, quien atribuye el incidente armado a las directrices migratorias de su predecesor, Joe Biden (mandato 2021-2025).
“Detendré de modo permanente el flujo migratorio desde todas las naciones en desarrollo para permitir que el sistema americano se restablezca completamente, pondré fin a las millones de entradas irregulares de Biden”, advirtió Trump en su plataforma TruthSocial.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) detuvo este viernes “toda tramitación de asilo hasta que se pueda asegurar que cada foráneo sea examinado y cotejado con el más alto estándar posible”, comunicó el jefe de dicha entidad, Joseph B. Edlow, a través de X.
Cerca de 1.5 millones de requirentes de asilo tenían una petición sin resolver hasta diciembre de 2024, según los datos más recientes recabados por American Immigration Council (AIC).
La misma agencia ya había notificado el jueves una “evaluación exhaustiva” de las tarjetas de residencia, o ‘green cards’, de extranjeros provenientes de 19 estados considerados de “riesgo”, incluidos afganos, cubanos y venezolanos, basándose en una ejecutiva firmada por Trump en junio para vetar o limitar el tránsito desde esas regiones.
Dicho mandato veta, por “seguridad nacional”, el ingreso de nacionales de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir el de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Por otra parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó el viernes pasado que el Gobierno aplicará recortes a los beneficios tributarios para los indocumentados, dado que el presidente alega que un migrante con ingresos de $30,000 y estatus de residente recibe cerca de $50,000 anuales en ayudas familiares.
Esta modificación excluirá a inmigrantes sin papeles y a “otros extranjeros que no cumplan los requisitos” de las partes reembolsables de ciertos incentivos fiscales, como el crédito por ingresos laborales, el adicional por descendencia, el fondo para la ‘oportunidad americana’ y la aportación a cuentas de ahorro.
Siguiendo esta línea argumental, Bessent compartió un aviso emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) este viernes para intensificar la supervisión de giros de capital transfronterizos, como las remesas, que superaron los 72,000 millones de dólares enviados desde EE. UU. en 2024.
La FinCEN insta a los servicios de transferencia monetaria a reportar “transacciones inusuales” en giros de inmigrantes irregulares de $2,000 o más, aludiendo a peligros de legitimación de activos y narcotráfico.
Las directrices también apuntan específicamente a los afganos, ya que el Departamento de Estado anunció el viernes la “suspensión inmediata” de la expedición de visados para ciudadanos de Afganistán.
Mientras tanto, apenas unas horas después del tiroteo, USCIS detuvo las solicitudes de ingreso para afganos.
Si bien los servicios de inteligencia habían comprobado los antecedentes del ciudadano afgano agresor antes de su llegada a EE. UU. en 2021, el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, manifestó que eso no garantizaba su idoneidad para residir en el país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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