WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el viernes a un tribunal de apelaciones que suspenda una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump, relacionada con la negativa a hacer que aviones que transportaban a migrantes venezolanos a El Salvador regresaran en pleno vuelo a territorio estadounidense.
Además, el departamento busca que el juez principal James Boasberg sea apartado del caso, acusándolo de llevar a cabo una “campaña radical, vengativa e inconstitucional” contra la administración de Trump.
Esta acción representa una escalada significativa en la prolongada disputa entre el Departamento de Justicia y el juez, quien fue designado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, y anticipa un enfrentamiento sobre la capacidad del poder judicial para ejercer control sobre un gobierno que ha desafiado los límites de las órdenes judiciales.
El departamento solicitó al Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que resuelva sus peticiones antes del lunes, día en que Boasberg tiene previsto escuchar el testimonio de un exabogado del gobierno que presentó una denuncia por irregularidades.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones acordó suspender temporalmente la orden de Boasberg relacionada con el desacato. El panel, compuesto por dos jueces nominados por Trump y uno por el presidente demócrata Joe Biden, aclaró que su suspensión administrativa no constituye un fallo sobre el fondo de las solicitudes del gobierno. Sin embargo, genera incertidumbre sobre si la audiencia del lunes se llevará a cabo según lo previsto.
Funcionarios del departamento sostienen que Boasberg actúa con parcialidad y está creando “un circo que amenaza la separación de poderes y el privilegio (de confidencialidad) entre abogado y cliente”.
“La próxima audiencia tiene toda la apariencia de una expedición de pesca interminable, centrada en una lista cada vez más amplia de testigos y testimonios prolongados. Ese espectáculo no es un esfuerzo genuino para descubrir hechos relevantes”, señalaron.
Boasberg ha afirmado que un fallo reciente del tribunal de apelaciones le otorgó la autoridad para continuar con la investigación por desacato. El juez busca determinar si existen pruebas suficientes para remitir el caso a enjuiciamiento.
Boasberg, quien ha sido juez presidente del tribunal de distrito en Washington, D.C., desde marzo de 2023, ha señalado que el gobierno de Trump pudo haber “actuado de mala fe” al intentar apresurar la salida de migrantes venezolanos del país, desobedeciendo su orden que bloqueaba su deportación a El Salvador.
En una orden del 16 de abril, el juez indicó que brindó al gobierno “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, pero concluyó que “ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla”, escribió Boasberg.
El gobierno de Trump ha negado cualquier violación, argumentando que la directriz emitida por el juez el 15 de marzo para que los aviones dieran vuelta y regresaran fue dada verbalmente en el tribunal, pero no se incluyó en la orden escrita.
Trump solicitó en marzo que Boasberg fuera sometido a un juicio político. En julio, el Departamento de Justicia presentó una queja por conducta inapropiada, acusando a Boasberg de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su administración.
En una publicación en redes sociales el viernes, la secretaria de Justicia Pam Bondi acusó a Boasberg de incurrir en un “activismo judicial ilegal”.
“Esta campaña radical, de represalia e inconstitucional contra el gobierno de Trump no prevalecerá”, escribió Bondi.
Boasberg programó una audiencia para el lunes en la que testificará Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia, cuya denuncia por irregularidades afirma que un alto funcionario del departamento sugirió que el gobierno de Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos.
El juez también fijó para el martes una audiencia con Drew Ensign, fiscal general adjunta del Departamento de Justicia. Este departamento ha señalado que Ensign transmitió la orden verbal de Boasberg del 15 de marzo, así como una orden escrita posterior, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Esta larga saga nunca debió haber comenzado; no debió haber continuado en absoluto después de la última intervención de este Tribunal, y ciertamente no debió permitirse que escalara hasta convertirse en el indecoroso e innecesario conflicto interinstitucional que ahora se avecina”, indicaron los funcionarios del departamento en la presentación judicial del viernes.
En una declaración escrita al tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que decidió no ordenar que los aviones regresaran a Estados Unidos tras recibir “asesoramiento jurídico privilegiado” del abogado general interino del DHS y, “a través de él, de la alta dirección del Departamento de Justicia”.
Boasberg calificó la declaración de Noem como “superficial” y señaló que no proporciona suficiente información para determinar si violó deliberadamente su orden del 15 de marzo.
El juez se negó el viernes a cancelar o posponer las audiencias programadas para la próxima semana.
“Para empezar, esta investigación no es un ejercicio académico”, escribió. “Aproximadamente 137 hombres fueron sacados de este país sin una audiencia y colocados en una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde muchos sufrieron abusos y posible tortura, a pesar de la orden de este Tribunal de que no debían ser desembarcados”.
— — –
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario