Miami. — En menos de un año de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha elevado el lenguaje antiinmigrante a un nivel de descaro que incluso veteranos en derechos civiles consideran sin precedentes en la política presidencial moderna. En un mitin reciente, Trump calificó a personas de origen somalí como “basura” y afirmó que su país “apesta”, un lenguaje que juristas y filósofos del lenguaje han identificado como una forma clásica de deshumanización, especialmente grave cuando proviene de la máxima autoridad del gobierno estadounidense.
Lo que hace la cabeza lo hacen los demás: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras una reunión en la Casa Blanca, declaró en X que recomendó “la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios”. El mensaje iba acompañado de una lista de países de África, Medio Oriente, Asia, el Caribe y América Latina.
Clau Muñoz, colaboradora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), señala a EL UNIVERSAL que los términos que emplea el gobierno de EU son “la traducción en tiempo real de un proyecto político que hace del racismo una herramienta explícita de gobierno”.
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Los migrantes han sido el principal blanco de Trump, incluyendo la orden ejecutiva que firmó y que busca negar la ciudadanía por nacimiento. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha sido clara sobre el trasfondo estructural del giro antiinmigrante del gobierno Trump. La organización confirmó a este diario que, como señala en su informe conjunto con la iniciativa Kino Border Initiative, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “la mayor agencia civil de seguridad del gobierno federal tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos sin rendición de cuentas”. El documento, al que tuvo acceso este diario, compila casos de violencia letal, amenazas, acoso sexual y falsificación de documentos, además de una constelación de “actos cotidianos de crueldad y victimización”, desde golpes injustificados y lenguaje insultante hasta la negativa de comida o atención médica. En ese contexto, que un presidente y su gabinete hablen de “sanguijuelas” o “basura” no es una excepción: “Legitima una cultura institucional donde el abuso deja de ser una eventualidad para convertirse en parte de lo cotidiano”, afirma WOLA.
La ACLU, en su memorándum Trump on Immigration (Trump sobre la migración), resume que en su segundo gobierno Trump está decidiendo la política migratoria “sobre la base de la xenofobia y el racismo, vulnerando la equidad, la dignidad humana y el Estado de derecho”.
El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) ha asumido el frente constitucional de esta batalla contra los intentos de Trump por restringir la ciudadanía. El presidente del MALDEF, Thomas A. Saenz, recordó a este medio que “ningún presidente tiene autoridad para alterar unilateralmente la Constitución ni la interpretación consolidada de la Corte Suprema, especialmente en materia de derechos fundamentales”. El MALDEF no solo litiga contra la orden de ciudadanía: su nuevo eje programático, Freedom from Open and Obvious Bias and Racism (Libertad frente al sesgo y el racismo abiertos), se define como una iniciativa para combatir “retórica y acciones antilatinas, incluidas las políticas de vigilancia abiertamente discriminatorias”.
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Esa referencia a la vigilancia es clave en un país donde, en septiembre pasado, la Corte Suprema levantó restricciones a los operativos migratorios en Los Ángeles, permitiendo a agentes federales reanudar detenciones basadas en la apariencia de las personas en amplias zonas de la urbe. El MALDEF denunció la decisión como una luz verde a la “persecución racista” contra los latinos. “En la práctica significa que una conducta tan básica como esperar el autobús en un barrio de mayoría mexicana puede volver a ser motivo suficiente para una detención, un interrogatorio y, eventualmente, una deportación sumaria”, señala Saenz.
El centro de detención Alcatraz de los Caimanes se ha convertido en el símbolo más gráfico de este giro; encarna una idea de castigo y escarmiento más propia de la imaginación carcelaria del siglo XIX que de un Estado de derecho contemporáneo, han descrito críticos. Pese a una orden judicial de cierre, un tribunal de apelaciones designado por jueces cercanos a Trump permitió que el centro siguiera operando.
Para no pocos analistas, la forma en que la Casa Blanca convierte Alcatraz de los Caimanes en un escenario mediático con influencers invitados a la “inauguración”, videos triunfalistas en redes y declaraciones presidenciales que elogian el recinto como necesario para “poner orden”, revela un uso propagandístico del dolor similar al de otras épocas de histeria racial en Estados Unidos.
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Un estudio sobre retórica electoral documentó que, a lo largo de un ciclo, “todos los demás candidatos oscilaron entre cero y ocho comentarios deshumanizantes; Trump pronunció 464”. La organización Boundless recuerda que “usar lenguaje inflamatorio y deshumanizante para describir a las personas migrantes no es nuevo, ni lo es la violencia que provoca”. El patrón, dicen, es consistente: cada ola de pánico fabricado termina conectando con episodios de agresión, crímenes de odio o políticas de excepción.
En 2023, 162 organizaciones de justicia racial y de derechos civiles enviaron una carta al liderazgo del Congreso pidiendo frenar la “retórica deshumanizante de invasión” sobre la frontera. El Southern Poverty Law Center registró ese mismo año mil 430 grupos de odio y extremismo antigobierno activos.
Que la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional usen términos como “sanguijuelas” y “basura” para referirse a migrantes representa y refuerza, a decir de la experta Susan Benesch, “el impacto de las decisiones políticas contra grupos enteros y puede servir de combustible para quienes ya están predispuestos a la violencia”. Benesch, fundadora del Dangerous Speech Project, advierte que cuando se combina un lenguaje que presenta a un grupo como menos que humano con políticas punitivas, el resultado es una señal de que agredir a esas personas es aceptable, quizá incluso patriótico. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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