“Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio”, con esta frase en la voz de DJ Adoni, el sector Amarilis IV de Santo Domingo Este sabe que no podrá estar en paz por las próximas horas.
6:45 de la tarde, es sábado. Ya se aglomeran en los alrededores grupos de personas que no residen en la zona, pero han encontrado entre estas casas de familia el lugar perfecto para sentarse a beber alcohol, dejar botellas y plásticos tras su noche de copas, peleas en ocasiones y “bachatas de colmadón” a más de 60 decibeles.
Simultáneamente y a pocos metros, otro establecimiento tiene al mismo DJ sonando en una bocina, lo único que con menor afluencia de gente.
Este panorama se repite en barrios y urbanizaciones de todo el país. Tan solo en Santo Domingo Este, municipio donde se recrea este testimonio anónimo, se han recibido 368,956 denuncias desde el 14 de enero de 2015, fecha del primer reporte de ruido, hasta el 31 de mayo de 2025.
Los números se extienden a 1,126,582 en el periodo señalado si se incluyen el Distrito Nacional y todos los municipios que conforman el denominado Gran Santo Domingo.
Año tras año, las denuncias que predominan en la ciudad capitalina son por música alta. El año 2020, tiempo en que se produjo el confinamiento para disminuir los contagios por Covid-19, es el que más denuncias tuvo: 132,514.
Tan solo el 0,93% de las denuncias recibidas en los últimos diez años corresponden a ruido por construcción y el 3,8% a equipos, organizaciones y vehículos.
Otras provincias
Pablo Francisco es uno de esos vecinos que ha tenido que dejar su residencia para poder vivir en paz, tal como advierte la frase con la que inicia este escrito. Pero antes, quiso agotar todas las vías posibles ya que, como activista ambiental, notó que la comunidad había normalizado la contaminación sónica.
La música alta de un colmado en el sector Barsequillo del municipio de Haina, en San Cristóbal, obligaba a Francisco a “vivir en una prisión”.
Desde que llegaba a su casa debía cerrar puertas y ventanas para amortiguar la música estridente que, incluso, hacía vibrar la infraestructura. Tampoco podía descansar, porque reproducían las canciones hasta altas horas de la noche.
Conversó con los propietarios del local arrendado al colmado. Tras la llamada de atención, los infractores empezaron a hacer mayor escándalo y, con el fin de provocar, colocaban la bocina en dirección a la casa de la familia Francisco, compuesta además por una niña de 3 años y una mujer embarazada.
Tras no observar acciones por parte del 9-1-1, acudió al destacamento policial más cercano, pero le dijeron que esos temas los maneja la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente.
Entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2025, la dirección provincial de esa entidad tenía 238 denuncias registradas. Luego de que Pablo Francisco realizó la suya y mostró los documentos al infractor, fue cuando éste decidió mudar el colmado; sin embargo, nunca tuvo respuesta ni seguimiento de esa procuraduría. Así regresó todo a la normalidad, pero no por mucho.
Más adelante, una persona con influencia política abrió un negocio parecido al anterior y no fue hasta que vio su vida peligrar que Pablo Francisco decidió, por el bien de su familia, buscar un nuevo hogar y abandonar la lucha por la paz de esa comunidad.
Amenazas en Santiago
En Santiago, tras la creación de la Dirección Especializada Anti-ruidos de la Policía Nacional en octubre de 2024 y, según cifras ofrecidas por el Departamento Operativo Anti-Ruidos y Contaminación Sónica Cibao Central, recibieron 13 denuncias ese año. Mientras que a mayo de 2025 se contabilizaban 31 reportes.
Las quejas en la “Ciudad Corazón” no provienen solo de colmados, bares y colmadones, sino también de villas, billares y haciendas. En El Limón, de Villa González, “Carlos González” recibió advertencias de cuidarse y de cuidar a sus hijas, porque alguien estaba reuniendo a varias personas para hacerle daño.
A él le afectan una cancha municipal y un billar. Al principio contó con apoyo de la Policía Nacional para mantener a raya los excesos de música, “pero luego me di cuenta por influencia política que ya estaba perdiendo el apoyo”.
“La policía casi no interviene, porque muchas veces (los infractores) lo hacen con la anuencia de las autoridades”, agrega González.
Canales de denuncias
Quien escribe este reportaje también es víctima. El ciudadano tiene cuatro vías para hacer denuncias de este tipo: llamando a la Línea Verde del Ministerio de Medio Ambiente, contactando al Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1, a través de la aplicación de la Policía Nacional (con la opción de hacerla anónimamente) y mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. ¿Pero a la 1:20 de la madrugada de un lunes, con un colmado reproduciendo música hasta a 71.3 decibeles (dB), a quién recurres?
Dada la hora, la última opción parece la más viable. Para los fines de este reportaje llamamos a la línea que desde enero de 2015 está dispuesta para denuncias por ruido.
Tras varios minutos de espera que se sintieron una eternidad, el operador 4321 tomó el reporte. Para mi sorpresa, el joven tenía las coordenadas exactas desde dónde se estaba realizando, incluso mencionó otro negocio de los propietarios del local infractor. Colgó diciendo que las unidades ya están notificadas y llegarían “lo más pronto posible”.
Coincidencialmente, menos de diez minutos después de la llamada y sin la presencia policial prometida, los infractores disminuyeron el volumen de la música. Para luego reproducir un audio que decía “ya nos vamos”, pero continuaron con música urbana y bachatas aún a más alto volumen que antes de la llamada, en franco desafío a los vecinos.
Y no, como en anteriores denuncias, nunca llegó patrulla alguna de la policía.
Pero para quienes han lidiado con estas situaciones, esto no es una simple casualidad. Tienen confirmado que miembros de la Policía Nacional encubren estos hechos.
“Son los primeros que te tiran para adelante”, afirma Rossemary Bonifacio, actual presidenta del colectivo Vecinos contra el Ruido. “Nosotros enviamos estas denuncias directamente al Ministerio de Interior y Policía, porque sabemos que si vamos con la Policía se escapa mucha información que debemos mantener al margen”.
Con seis años de fundación, este movimiento canaliza denuncias anónimas, ofrece charlas de sana convivencia, conciencia sobre los derechos y deberes de los vecinos, instruye sobre las vías para hacer denuncias, entre otras iniciativas. Lo que empezó en el Distrito Nacional ya se extiende al resto del país.
Mano floja
La Procuraduría de Medio Ambiente persigue estos delitos y es la encargada de hacer cumplir la ley dentro de los parámetros establecidos. Pero Bonifacio percibe mano floja. La entidad que preside tiene depositados ante ese órgano más de 200 expedientes esperando ser resueltos. “Sin embargo, el seguimiento es muy mínimo y terminan archivados”, agrega.
Otras debilidades que menciona son la ausencia de nota informativa hecha por la Policía con la que luego las víctimas tengan pruebas de las incidencias, así como el desconocimiento de algunos agentes sobre los permisos que deben tener los locales.
Efectos psicológicos
En los últimos tres años como presidenta, Bonifacio ha identificado que no solo los vecinos que exigen sus derechos se ven atacados física y verbalmente por los infractores, sino también por los propios agentes policiales, generando una alta tasa de rechazo hacia ambos.
Una de las razones por las que esta organización nació es para ayudar a las víctimas, quienes estando tan cerca de sus victimarios, no pueden o no tienen esa voz para defenderse, “ya sea por miedo, por prudencia, porque es un vecino o porque desconocen sus derechos”.
Justamente, los tres testimonios tienen en común el temor a recibir represalias, amenazas y acciones violentas por exigir sus derechos, llegando a afectar su salud mental, junto a los efectos que de por sí conlleva exponerse de manera regular al ruido o a altos niveles de música.
“Hay estudios que señalan que el riesgo de sufrir depresión y ansiedad se incrementa en un 20%”, explica José Ortiz, director de Divulgación Científica del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), sobre la exposición frecuente a sonidos con alto volumen. “El elemento principal que provoca el ruido es un aumento en los niveles de estrés”.
Ortiz enumera como otras consecuencias cambios de humor que llevan a actuar de forma más reactiva e impulsiva y ansiedad en los casos de quienes han sido vulnerados o han recibido amenazas, afectando además el sueño. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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