NUEVA ORLEANS — Tras el inicio de la operación “Catahoula Crunch”, un despliegue de control migratorio del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva Orleans, los residentes han comenzado a grabar sus interacciones con agentes de inmigración ante el temor de perfiles raciales y detenciones injustificadas.
En Louisiana, la Ley 399 prohíbe interferir en las actividades federales de aplicación migratoria, tipificando como obstrucción de la justicia cualquier acto que retrase o dificulte procedimientos penales o civiles de inmigración.
La normativa establece sanciones de hasta 5.000 dólares de multa, un año de cárcel —con o sin trabajo forzado— o ambas.
Sin embargo, expertos legales señalan que la Primera Enmienda protege el derecho del público a grabar a agentes de la ley, incluidos los de ICE, siempre que no se obstaculicen sus operaciones. Esto significa que las personas pueden filmar desde cualquier distancia que no interfiera con el trabajo de los agentes, quienes tampoco pueden exigir que se apague la cámara.
Asimismo, los agentes de inmigración no pueden confiscar teléfonos, acceder a su contenido ni obligar a desbloquearlos sin una orden judicial, según la firma de litigios Faruki PLL.
La operación federal no tiene fecha de finalización anunciada y continúa generando preocupación entre comunidades migrantes y grupos de derechos civiles. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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