Esta generación de maniobras fraudulentas impactó las reservas técnicas de Senasa, que ascienden a más de RD$ 15,921,369,659.62 hasta el cierre de 2024.
El Ministerio Público detalla en la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso Senasa, acusados de desfalco en perjuicio del Estado dominicano, las características del grupo dedicado a la distracción de fondos.
El MP indica que la supuesta red creó una estructura de crimen organizado liderada por el exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, con el propósito de sustraer fondos públicos mediante mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos, con ramificaciones en el sector privado.
Además de Santiago Hazim, están acusados en este caso Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera.
El documento precisa que “los líderes” de la red obstaculizaron la transparencia interna, instalando un equipo que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, con el fin de asegurar la continuidad de sus maniobras fraudulentas.
Crearon la figura de “programas especiales” sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como conducto para recibir sumas millonarias en sobornos.
“La Gerencia de Salud tramitó los pagos de estos programas hacia la Gerencia Financiera, simulando la legitimidad de la operación para justificar el desvío de fondos”, indica la medida.
El grupo adulteró estados financieros “de manera crónica”, instruyendo directamente al personal clave de Contabilidad, Finanzas y Tecnología para realizar el cierre fraudulento del registro de reclamaciones, lo que adulteró y falseó los estados financieros de Senasa.
Estas acciones se mantuvieron para ocultar la verdadera dimensión de las maniobras fraudulentas que causaron el déficit, así como para sostener la apariencia de solvencia ante los organismos de fiscalización externa.
El documento señala que los implicados incurrieron en la distracción de recursos públicos, desviando fondos estratégicos destinados a las Reservas Técnicas de Senasa, comprometiendo la solvencia de la institución y el pago futuro a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Asimismo, instrumentalizaron y subordinaron al personal de tecnología, manipulando a la gerencia de tecnología y subordinándola específicamente en el proceso para el cierre fraudulento del “borderó”, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutara desde la base de datos de la institución.
Reclutaron y cooptaron a funcionarios y técnicos clave dentro de la estructura financiera de Senasa, citando el MP como ejemplo a la Encargada de Análisis Financiero y Presupuestario, para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos de cuentas.
El MP precisa que el mecanismo del entramado se basó en la manipulación directa del Registro de Reclamaciones Pendientes, violando los controles contables de la institución “para ocultar la verdadera dimensión del déficit”.
Gustavo Enrique Messina Cruz, en su función de gerente financiero de Senasa, era el encargado operativo de realizar el subregistro sistemático de las obligaciones financieras, creando una base de datos del registro financiero falseada.
Esta generación de maniobras fraudulentas impactó las reservas técnicas de Senasa, que ascienden a más de RD$ 15,921,369,659.62 hasta el cierre de 2024.
La alta gerencia de Senasa, imputada en este caso, direccionó contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado dominicano.
Asimismo, constituyeron una red de empresas fachada para realizar operaciones de lavado de activos obtenidos en los millonarios esquemas de sobornos; a través de ellas generaron cientos de facturas ficticias para sustentar las operaciones ilícitas mediante transacciones simuladas con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de los sobornos exigidos a contratistas privados.
Estos imputados también negociaron directamente el otorgamiento y la restitución de códigos a Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) que previamente habían sido cancelados, convenciendo al director ejecutivo (Santiago Hazim) para asegurar la complicidad del sector privado.
Las empresas fachada incluidas en el entramado emitieron facturas con comprobante fiscal por servicios de salud nunca realizados o prestados a las empresas de prestadores, simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios de Senasa a cambio de obtener contrataciones perjudiciales para la ARS.
Una vez recibidas estas transferencias bancarias por servicios ficticios, los fondos eran retirados en efectivo, completando la fase de ocultamiento y conversión para el pago final de sobornos a la alta gerencia de Senasa.
Los imputados implementaron facturación falsa y subregistro para evitar que las autoridades de fiscalización e investigación detectaran las maniobras fraudulentas y los estados financieros reales de la institución.
Utilizaron roles jerárquicos y especializados, representados en la persona de Santiago Hazim como director ejecutivo, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Gustavo Enrique Messina como gerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico de Senasa, entre otros, para la ejecución coordinada del esquema de fraude financiero y lavado de activos.
Estos, junto a los demás implicados, convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron y transportaron bienes y ganancias provenientes de la corrupción administrativa y el desfalco, a través de empresas instrumentales y el flujo de efectivo, con el propósito de ocultar su origen ilícito.
Desafiaron e ignoraron a los organismos de control, ya que el esquema se mantuvo a pesar de que técnicos internos advirtieron que la manipulación de los registros podría generar sanciones graves del órgano regulador, evidenciando la intención de continuar con el ocultamiento y que el interés de distraer fondos era mayor que el temor a la sanción.
La medida de coerción señala que pagaron un incremento fraudulento en la facturación de Senasa, producto del sobretratamiento de pacientes, como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia.
Asimismo, en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados; la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopias a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, y servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas.
El Ministerio Público los acusa de adquirir bienes a nombre de testaferros, creando un patrimonio ilícito con los fondos obtenidos de sobornos y del desfalco. Esto lo hacían para evadir la persecución, señala el MP.
Manipularon la lealtad de funcionarios menores para continuar ejecutando órdenes ilícitas y mantener su arraigo dentro de la institución, manipulando su situación laboral con la promesa de que podrían recibir beneficios especiales.
Estos implicados también incurrieron en maniobras para obstaculizar el proceso de investigación, incluyendo ocultamiento de información y retraso injustificado en la entrega de las solicitudes de información realizadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público inició los arrestos por este caso el pasado sábado, cuando Santiago Hazim se presentó en las instalaciones para comparecer ante los fiscales y fue apresado.
Este lunes fue depositada la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, en la que se solicita la imposición de 18 meses de prisión como medida de coerción. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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