La reconocida firma de abogados León & Raful envió ayer una carta al director de este medio, en relación con una información difundida recientemente sobre un proceso judicial privado.
En el documento, los abogados formulan observaciones y precisiones que, aseguran, son necesarias para contextualizar adecuadamente los hechos publicados.
En la misiva, enviada en virtud del derecho a réplica y del contraste de información, se expone la posición de la firma legal y de su representada, y se apela a los principios de equilibrio, verificación y responsabilidad editorial que rigen el quehacer periodístico y, de manera muy especial, al Periódico HOY.
A continuación, el texto íntegro:
Apreciado señor Álvarez Vega. Apelando a su reconocido criterio periodístico y a la vocación democrática que ha caracterizado al periódico Hoy bajo su dirección, nos permitimos llamar su atención sobre la publicación titulada “Abogado: sentencia de corte confirma abuso de vías de derecho”, firmada por la periodista Loyda Peña y publicada en la edición del 18 del presente mes, cuyo denunciante es el abogado Dionisio Ortiz Acosta.
Con el ánimo de contribuir al necesario ejercicio de contraste y verificación informativa, consideramos pertinente compartir con usted algunos elementos de contexto relevantes:
En la República Dominicana se producen anualmente más de 30.000 procesos de divorcio. Sin embargo, solo uno de ellos ha sido objeto de exposición mediática sostenida durante más de seis meses.
El señor Dionisio Ortiz Acosta, en su condición de abogado principal del señor Juan Rafael Llaneza Gil, ha acudido de manera reiterada a distintos medios de comunicación para referirse, de forma tergiversada y sustentada en afirmaciones falsas, a asuntos de naturaleza estrictamente privada que afectan la intimidad, la dignidad y la vida personal de la señora María Amelia Hazoury.
La señora Hazoury ha intentado obtener el divorcio durante más de dos años, enfrentando la oposición sistemática de su cónyuge, quien ha interpuesto sucesivos recursos de apelación y de casación contra la sentencia de divorcio, con el evidente propósito de obstaculizar la partición de los bienes de la comunidad conyugal.
En este contexto, se han documentado diversas maniobras de ocultamiento y distracción patrimonial.
Cuando el proceso de divorcio se encontraba próximo a su conclusión, el abogado Ortiz Acosta interpuso una demanda de nulidad de matrimonio como un nuevo mecanismo para paralizar los procesos de partición de bienes.
Tanto tribunales de la República Dominicana como instancias judiciales extranjeras han reconocido la existencia de distracción patrimonial realizada por el señor Llaneza, con la asesoría legal del señor Ortiz Acosta.
Este patrón de actuación ha derivado incluso en ataques personales contra los abogados de la señora Hazoury, incluyendo intentos de promover la suspensión de sus licencias profesionales, proceso al que también se le ha dado una publicidad inusitada, pese a que múltiples tribunales han determinado que las acciones legales por ellos interpuestas son procedentes y no constituyen litigación temeraria.
El accionar del señor Llaneza, a través de su representante legal, vulnera derechos fundamentales de la señora Hazoury, tales como el derecho a la propia imagen, a la intimidad familiar y a la dignidad personal, intentando obtener en el ámbito mediático lo que no ha logrado por las vías jurisdiccionales correspondientes.
En ese sentido, confiamos en que el periódico Hoy, en apego a los principios de equilibrio informativo y responsabilidad editorial que lo distinguen, pueda ofrecer a sus lectores la otra cara de los hechos, incorporando este contexto indispensable para una comprensión justa y completa del caso.
Atentamente, Licda. Marjel León León.
Por sí y por Lilia Fernández León y Joel Del Rosario Alburquerque. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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