El entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), que supuestamente generó al exdirector Santiago Hazim beneficios por más de RD$3 mil millones, producto de sobornos, chantajes y facturaciones falsas, habría sido gestado antes de su designación como director ejecutivo de la institución.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción contra los diez imputados en la Operación Cobra, antes de asumir formalmente sus funciones en Senasa, Hazim “ya había establecido conexiones y compromisos económicos” preparados para ser explotados desde el cargo que sabía le sería conferido.
En ese contexto, el hoy imputado adquirió en junio de 2020 un vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premiere 4DW, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giraldez, persona de confianza de Hazim y quien luego “se convertiría en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero de los sobornos pagados al exfuncionario”.
ORTIZ GIRALDEZ Y ROBLES QUIÑONES
Al empresario Ortiz Giraldez, quien no figura entre los diez imputados de la Operación Cobra (es testigo a cargo del MP en el caso “Calamar”), y al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, se les señala como “operadores del esquema de intermediación para los sobornos”.
Según el expediente, Ortiz Giraldez habría utilizado la empresa OGSS Prestadora de Salud, SRL, “como plataforma para recibir, canalizar y disimular” el origen de los recursos entregados en soborno, simulando operaciones inexistentes entre dicha empresa y Nutrimed Marine Alvarado, para legitimar los movimientos financieros.
Se indica que entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, a las empresas de Ortiz Giraldez se les transfirieron RD$512,326,455.86 “simulando operaciones comerciales inexistentes”. Las transferencias eran el mecanismo para ocultar el origen de los sobornos.
Se destaca que cuando Ortiz Giraldez enfrentó dificultades judiciales (con el caso Calamar, en el que figura como testigo a cargo del MP), la estructura criminal del esquema del caso Senasa, donde fungía como portavoz y recaudador principal de Hazim, no se detuvo; por el contrario, “se reacomodó internamente y entró Robles Quiñones”.
ROBLES QUIÑONES
Tras los inconvenientes judiciales que enfrentó el empresario, el imputado y exconsultor jurídico de Senasa asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30 %, continuando así el esquema de soborno “de manera fluida y sin alteraciones”, según la solicitud de medida de coerción.
En su nuevo rol, de acuerdo con el expediente de medida de coerción, Robles Quiñones, entre enero de 2020 y agosto de 2022, “recibió más de RD$536 millones en efectivo”, que le fueron entregados por la imputada Cintya Acosta Sensión.
Por su parte, Johnny Morales, quien gestionó con el exdirector de Senasa el contrato a la empresa Nutrimed Marine Alvarado, SRL, recibió como compensación RD$95 millones, equivalentes al 30 % del monto facturado por dicha empresa.
Se indica que Robles Quiñones operaba como gerente jurídico del acuerdo ilícito entre Senasa y Nutrimed Marine Alvarado, asegurando que la permanencia del programa contratado entre ambas partes dependiera estrictamente de la continuidad de los pagos ilegales.
La participación del consultor jurídico habría garantizado la continuidad del esquema “y evidencia una coordinación interna en la que los roles se ejecutaban de manera sucesiva y perfectamente articulados por los imputados Hazim, Ortiz Giraldez y él”, señala el Ministerio Público.
FRANCISCO IVÁN
Del imputado Francisco Iván Minaya Pérez se dice que, en sus funciones como Gerente de Salud de Senasa, aseguraba su cooperación a la empresa Nutrimed, representada por Cintya Acosta Sensión, para garantizarle tratamientos privilegiados, decisiones favorables y la continuidad de los beneficios que la empresa obtenía al margen de las normas institucionales.
A cambio de esa cooperación, el exfuncionario habría recibido dádivas y beneficios económicos directos, entre los que se incluyen “botellas de whisky de alto costo, algunas de RD$100,000, canastas con productos y artículos lujosos y bebidas de diferentes marcas”.
De esta imputada se dice que habría utilizado las empresas Nutrimed Marine Alvarado, SRL/Nutrimed CAS, Nutrición y Medicina, SRL, para canalizar y materializar los pagos de sobornos destinados al exdirector de Senasa.
El expediente indica que esas empresas fueron claves en el esquema para asegurar la continuidad del programa “Adulto Mayor”, a través de pagos ilegales que se realizaron de manera continua entre los años 2022 y 2023.
HEIDI MARIELA PINEDA
Las imputaciones que se le atribuyen a Heidi están relacionadas también con el Programa Nutrisalud, gestionado a través de la empresa Flavorheart Food Parts, SRL, que ella representa. El programa tenía un alcance de 55,741 afiliados del régimen subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495, comprendido entre dos grupos de edades: uno de niños, de 5 a 15 años, y otro de adultos, de 35 a 64 años, quienes recibirían un complemento nutricional llamado Seylanature y Seylanature Vitalidad, respectivamente.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, “los servicios contratados a la empresa de Heidi no estaban en el catálogo de proveedores de prestadores de servicios de salud (PSS), por lo cual eran ilegítimos”.
Agrega que Flavorheart Food Parts, SRL, obtuvo el registro de distribuidora otorgado por el Ministerio de Salud Pública un mes antes de la suscripción del contrato con Senasa, el cual fue formalizado el 22 de julio de 2022.
Tampoco Nutrimed Marine Alvarado contaba con los requerimientos exigidos por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario