Sin importar las comodidades y buenas atenciones que puedan existir, un recinto carcelario sigue siendo un lugar en el que ningún ser humano desearía estar. Sin embargo, el tiempo en prisión no es igual para todos los dominicanos que son encarcelados por delinquir o infringir la ley; existe un factor que permite a un grupo selecto recibir un trato diferencial.
Precisamente, eso sucede con los seis imputados en un caso judicial por presuntamente haber desarrollado un entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), quienes fueron sometidos por un tribunal a una medida de coerción de 18 meses en la nueva cárcel Las Parras.
En un centro donde actualmente hay alrededor de 600 presos, los implicados en el supuesto entramado de corrupción de Senasa están completamente aislados de la población “común”. Ubicados en una sección solitaria de celdas, el exdirector de esa institución gubernamental, Santiago Hazim, junto a cuatro presuntos colaboradores en el desfalco al Estado, mantienen cero interacción con los demás reos desde que llegaron el pasado domingo.
Están totalmente separados de los dominicanos y extranjeros que fueron declarados culpables en los tribunales por delitos como narcotráfico, homicidio, asesinato, violencia de género y otros actos sancionados por el Código Penal. Así lo pudieron constatar reporteros de este medio durante un recorrido por el interior de Las Parras realizado ayer.
Supervisión y seguridad
Hazim, señalado por el Ministerio Público por las supuestas maniobras fraudulentas por 15,000 millones de pesos pertenecientes a los afiliados del régimen subsidiado del Senasa, se encuentra específicamente en un edificio de dos pisos denominado “celdas de observación”.
A su lado están también Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa, y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico. Además, los acompañan Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
El procedimiento para acceder a ese bloque de dormitorios es sumamente complejo. Los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario de Las Parras que guiaron a los reporteros de este medio aseguraron haber implementado un riguroso protocolo para garantizar el control total “de quién entra y sale” de esa área. Antes de acercarse, la persona que intente acceder debe superar dos puestos de revisión, donde son inspeccionados manualmente y obligados a pasar por un detector de metales.
“Ahí no entra todo el mundo, hay un personal asignado que no tiene teléfono, solo usa la radio, y para ingresar todo debe contar con autorización”, explicaron, destacando que el personal encargado del cuidado de los detenidos por el caso Senasa fue previamente seleccionado y depurado.
Aunque están alejados del ecosistema penitenciario habitual, el equipo de VTP aclaró que Hazim ni los demás apresados, de manera preventiva, reciben ningún tipo de beneficios. La diferencia radica en la soledad. El grupo de cinco del caso Senasa no puede interactuar con nadie más que con el equipo de seguridad autorizado. Incluso, no todos pueden salir de las Celdas de Observación al mismo tiempo. Cuando les toca ir a la cafetería, solo puede salir uno, quien además es responsable de comprar para los demás. También cuentan con un salón de reuniones separado de la comunidad carcelaria, donde reciben a sus familiares durante los días de visita permitidos y se reúnen con sus representantes legales.
Justificación: “cuidado y protección”
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, explicó ayer el motivo por el cual los detenidos en este caso están bajo este régimen.
“Los presos dicen que si los llevan allá, los van a picotear; ustedes saben la situación que hay en el país respecto a eso, entonces tomamos la decisión de ponerlos en un lugar donde estén seguros; están igual, pero no junto con los demás. No desayunan con los demás, no almuerzan con los demás…”, expresó durante una entrevista en el programa Despierta con la X.
Inicialmente, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional había decidido enviar a los cinco enjuiciados a la cárcel Najayo, en la provincia San Cristóbal. Sin embargo, según manifestó Santana, solicitó que fueran trasladados a Las Parras, ya que no podía garantizar su seguridad. La petición fue aceptada por el magistrado Rigoberto Sena.
“Si la población del país en general tiene su inquietud e indignación, imagínese los presos… El juez fue comprensivo cuando se le envió la comunicación”, afirmó.
Mientras tanto, Ada Ledesma Ubiera, quien también fue sentenciada preliminarmente con prisión preventiva, se encuentra en la prisión Najayo Mujeres, donde cumple con los mismos parámetros de protección. El Ministerio Público tendrá ocho meses para concluir las investigaciones contra estos imputados, al igual que contra Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención, quienes cumplen arresto domiciliario. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario