Un menor conserva el hueso del muslo de pollo que le dieron para comer en la cárcel donde está recluido en Villa Juana, un barrio de Santo Domingo. Horas después, con ese mismo hueso agredió físicamente a otro menor.
Los oficiales que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley aseguran que este tipo de casos ocurre con frecuencia.
Una niña de 13 años fue enviada a un reformatorio femenino tras haber asesinado al esposo de su madre.
Otra niña, de apenas 10 años, fue trasladada a un hogar de paz luego de ser contagiada con VIH tras mantener relaciones sexuales con hombres.
Según relatos oficiales, solía rondar hasta las dos o tres de la madrugada por los alrededores del cementerio Máximo Gómez, en el centro de la ciudad. Sus padres fallecieron por VIH.
En una escuela, un niño de siete años guaya pedazos de tiza, los corta y los envuelve en pequeños “paqueticos”, simulando cocaína. Sus padres eran vendedores.
En otro caso, psicólogos policiales atienden a una madre cuyos dos hijos fueron violados. Los niños ya habían cometido el mismo abuso contra otros menores.
Estos relatos, narrados por expertos a Listín Diario, reflejan una realidad marcada por el abandono, la violencia y la carencia afectiva que enfrentan niños y adolescentes dominicanos involucrados en conflictos con la ley penal.
En República Dominicana, los menores vinculados a procesos judiciales suelen atravesar un ciclo que se repite una y otra vez: detención, entrega a las autoridades, devolución a sus familias y, días o semanas después, retorno al sistema por nuevas infracciones.
La reincidencia no es un fenómeno aislado.
Este flagelo indica las dificultades de un sistema para retener, educar y acompañar a estos menores, según explican autoridades de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.
El general José Santana, titular de esa dirección, afirma que vive ese proceso a diario.
“A cada momento, por cuestiones obvias, un muchacho tiene un problema, lo llevan a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), lo envían en un momento dado a la policía especializada para su custodia, luego va para la calle… a los 10 o 15 días vuelve otra vez”, comenta.
En algunos casos, el conflicto se resuelve entregando al menor a sus padres, pero no siempre existen garantías de protección o acompañamiento.
Santana recuerda el día en que la dirección citó a una madre para recibir a su hijo y la mujer llegó en estado de embriaguez.
“A veces digo que debemos quedarnos con el menor aquí por su seguridad, pero no podemos porque la ley 136-03 tiene disposiciones específicas”, explicó.
La ley obliga a que el menor pase por la NNA antes de cualquier decisión.
La Policía, subraya, solo custodia, mientras que los fiscales y jueces determinan los pasos siguientes.
En medio de esa burocracia, persiste un problema recurrente: jóvenes que entran, salen y vuelven al sistema.
“Es constante la cuestión de los reingresos”, destacó durante su participación en el Panel de Expertos del LISTÍN DIARIO, encabezado por su director Miguel Franjul, en esta ocasión para analizar el fenómeno de los menores en conflicto con la ley.
Santana admite que no existen reformatorios provinciales ni espacios especializados para rehabilitación en el país, lo que dificulta controlar al menor más allá de horas o días.
“No los hay. No hay reformatorios”, enfatiza.
Menciona que la ley establece tiempos limitados para mantener al menor bajo resguardo.
“La ley dice que en cierto tiempo ya debe estar libre. Pero ¿libre de qué? ¿Dónde lo tengo estudiando?”, cuestiona.
Al menos 511 adolescentes se encontraban privados de libertad a junio de este año, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). 120 adolescentes, entre masculinos y femeninos, han sido sancionados. Otros 174 han estado en prisión preventiva y 208 con sanciones alternativas.
Sin embargo, entre marzo y octubre, la Policía Especializada tuvo bajo custodia a 636 menores, 84% de ellos varones, precisa Santana.
Los delitos más frecuentes son robo, homicidio, atraco, violaciones sexuales y drogas, según el informe de la PGR.
Otra dificultad es el estado en que llegan los menores detenidos. Muchos pasan días en la calle antes de ser capturados.
“A veces los jueces ni los quieren recibir porque llevan tres días en la calle sin bañarse”, señala el general.
Al llegar a la dirección policial, no tienen ropa limpia ni familiares que los apoyen.
“La familia tarda siete días sin verlo ni llevarle ropa a un muchacho que estuvo tres días en la calle, que llegó con la misma ropa”, lamenta.
La falta de programas de apoyo y actividades formativas dentro de los centros de retención agrava el problema, según los expertos.
Santana, por ejemplo, imagina un espacio más humano y educativo en los centros de retención: un salón con jóvenes sentados, un facilitador, una pantalla, clases culturales o incluso una cancha para hacer deportes.
“Para nosotros, como custodia, sería algo maravilloso”, asegura.
Santana insiste en que el rol del Estado debe centrarse en la educación y reinserción.
“Si tengo a un menor mucho tiempo en la cárcel, mañana tendré un agresor adulto para buscarlo y también tenerlo en la cárcel, porque no está educado”, reflexiona.
Para evitarlo, propone programas deportivos, culturales y formativos permanentes.
“La idea principal es educación, que el Estado mantenga a esos menores en un constante bombardeo educativo y deportivo”, afirma.
La psicóloga policial teniente general Rumilda Belliard, especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, añade que muchos menores llegan por repetición de conductas que antes sufrieron.
“Son niños que ya están repitiendo conductas: abusaron de ellos y están haciendo lo mismo”, explica.
Aunque aclara que estos casos no siempre salen a la luz.
En las escuelas, por ejemplo, es frecuente encontrar niñas abusadas por familiares cercanos que jamás lo cuentan por miedo.
“La escuela se limita porque el papá es un ‘matatán'”, describe. El silencio del menor, según señala, prolonga el daño emocional.
El trabajo psicológico suele revelar carencias: la falta de afecto es una de ellas.
Belliard relata que cuando preguntan al menor si puede abrazar a su madre como parte del proceso terapéutico, muchos responden: “No, mejor se lo doy a usted”.
Pero cuando preguntan a la madre, ni siquiera recuerda haberle dicho a su hijo que lo ama.
“No, usted no se acuerda, no se lo ha dicho nunca”, concluyen los psicólogos policiales.
Para la profesional de la salud mental, detrás de muchos conflictos hay niños que buscan apoyo emocional más que castigo.
Para evitar medidas cautelares, algunos fiscales envían a los menores al departamento donde trabajan la “psicología ambulatoria”.
Se trata de un proceso de acompañamiento terapéutico que intenta frenar el ciclo de conductas delictivas y reincidencias.
El general Santana reconoce que la Policía también enfrenta limitaciones logísticas, como falta de vehículos, espacios, personal y herramientas para la atención social.
Afirma que la Procuraduría debería suplir parte de esas necesidades para fortalecer el trabajo preventivo.
Además, cuando los jueces ordenan enviar un menor al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el ingreso no siempre es posible.
“Si Conani tiene todas sus camas llenas, no lo recibe”, dice, por lo que deben buscar otra alternativa.
“No es que lo van a dejar en cualquier sitio. Hay que ubicarlo”, asegura.
Una de las principales misiones, aseguran los expertos, es reintegrar a los menores en conflicto con la ley penal.
“Se trata de evitar que esos menores, esos adolescentes, sigan reincidiendo, que no sean reincidentes en el aspecto delictual”, dice Santana.
Santana y Belliard abordaron el tema el pasado lunes durante una nueva edición del “Panel de Expertos” en LISTÍN DIARIO, donde analizaron el fenómeno de los menores en la delincuencia.
También participaron el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, y el psicólogo Luis Bergés.
Además, el defensor público Guillermo Camilo; el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Felin Hernández, y la técnica del Departamento de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Educación, Kastiuka Santana. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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