Fuente: S A N A
Encubrimiento sistemático de crímenes masivos en Siria según investigación de The New York Times
Nueva York, 31 dic (SANA) Durante años, el régimen de Bashar al-Assad ejecutó un ocultamiento planificado y sistemático de crímenes masivos, incluyendo torturas y asesinatos de decenas de miles de detenidos, valiéndose de la manipulación de registros oficiales, falsificación documental y la ocultación intencional de evidencias, según una investigación difundida por The New York Times.
El periódico estadounidense informó que su equipo examinó miles de páginas de documentos internos del Estado sirio —entre ellos registros civiles y memorandos clasificados como “alto secreto” provenientes de distintos servicios de seguridad—, además de recopilar numerosos testimonios de exfuncionarios de seguridad, responsables políticos, investigadores, médicos forenses y trabajadores vinculados a fosas comunes.
Según la investigación, altos mandos del derrocado régimen ordenaron directamente la elaboración de confesiones falsas escritas atribuidas a detenidos ya fallecidos y fechadas retroactivamente, con el propósito de otorgar una apariencia legal a los asesinatos y encubrir las causas reales de muerte.
El reportaje detalla que el aparato de seguridad del régimen derrocado utilizó métodos sistemáticos para esconder pruebas de tortura y ejecuciones en centros de detención y prisiones, con la intención de ocultar el paradero de más de 100.000 personas desaparecidas forzosamente en cárceles secretas o no oficiales.
De acuerdo con el periódico, estas prácticas respondían a un plan a alto nivel orientado a impedir futuras responsabilidades legales mediante la manipulación de registros de detenidos y la eliminación de cualquier indicio que pudiera conducir a los cuerpos de las víctimas.
El cambio en la estrategia se hizo particularmente visible luego de la filtración en 2014 de miles de fotografías que mostraban cadáveres de detenidos muertos bajo tortura. Estas imágenes fueron difundidas por Farid al-Mazhan, conocido como “César”, quien entonces estaba a cargo de la documentación forense de la policía militar en Damasco, y que posteriormente desertó.
A partir del año 2018, según la investigación, el régimen entendió que negar los hechos ya no era efectivo y emitió órdenes explícitas para destruir, falsificar u ocultar pruebas, coincidiendo con el aumento en denuncias sobre fosas comunes y centros de tortura.
El diario indica que altos mandos convocaron a responsables de seguridad para diseñar planes más complejos para ocultar evidencias, incluyendo la eliminación en los registros oficiales de la identidad de las víctimas. Esta medida fue aprobada por Ali Mamlouk, entonces jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, y aplicada en varias ramas del servicio secreto, como la Rama Palestina y la Rama 248 de Inteligencia Militar.
Otras dependencias eliminaron datos clave como el número identificador del detenido o la unidad responsable. Asimismo, se ordenó crear confesiones falsas que incluían supuestas relaciones con “organizaciones terroristas internacionales”, buscando justificar los asesinatos y conferirles una falsa legalidad.
La investigación también documenta la profanación deliberada de fosas comunes. Desde 2019, cuerpos enterrados en un cementerio próximo a Qatifa, en las afueras de Damasco, fueron trasladados a un sitio secreto en al-Dumayr tras ser revelada su ubicación mediante imágenes satelitales. Este traslado duró dos años.
The New York Times señala que pese a la exposición internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019, la tortura sistemática en cárceles sirias continuó al mismo ritmo paralelamente a los esfuerzos por ocultar estas atrocidades.
Más de un año después del colapso del régimen, miles de familias sirias siguen buscando información sobre sus seres queridos desaparecidos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 134 fosas comunes hasta ahora, aunque alertan sobre muchas más aún no localizadas.
En este marco se crearon la Comisión Nacional para los Desaparecidos y la Comisión Nacional para la Justicia Transicional, encargadas respectivamente de esclarecer el destino de los desaparecidos, promover mecanismos para rendición de cuentas y garantizar reparaciones a las víctimas; con el respaldo de organismos internacionales como la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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