WASHINGTON (AP) — Una jueza federal anuló el lunes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloqueaba los proyectos de energía eólica, al considerar que los esfuerzos para frenar prácticamente todo arrendamiento de parques eólicos en tierras y aguas federales eran “arbitrarios y caprichosos”, además de una violación a las leyes federales.
La jueza Patti Saris, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, anuló y declaró ilegal la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, la cual impedía el desarrollo de proyectos de energía eólica.
Saris falló a favor de una coalición de fiscales generales de 17 estados y Washington, D.C., encabezada por la secretaria estatal de Justicia de Nueva York, Letitia James, quien impugnó la orden de Trump que suspendía el arrendamiento y la concesión de permisos para proyectos de energía eólica.
Trump ha manifestado su rechazo hacia la energía renovable, especialmente las granjas eólicas en alta mar, y prefiere los combustibles fósiles para la generación eléctrica.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, celebró el fallo como una victoria para los empleos verdes y la energía renovable.
“Massachusetts ha invertido cientos de millones de dólares en energía eólica en alta mar y hoy hemos protegido con éxito esas importantes inversiones frente a la orden ilegal del gobierno de Trump”, declaró Campbell en un comunicado.
“Esta victoria crucial también preserva empleos verdes bien remunerados y el acceso a energía confiable y asequible que ayudará a Massachusetts a cumplir con nuestros objetivos climáticos y de energías limpias”, añadió.
La coalición que se opuso a la orden de Trump argumentó que el presidente no tiene la autoridad para frenar la concesión de permisos para proyectos, y que hacerlo pone en riesgo las economías estatales, la mezcla energética, la salud pública y los objetivos climáticos.
El gobierno sostuvo que las afirmaciones de los estados son solo un desacuerdo político sobre las preferencias entre el desarrollo de energía eólica y los combustibles fósiles, asunto que está fuera de la jurisdicción del tribunal federal. El abogado del Departamento de Justicia, Michael Robertson, afirmó que la orden de Trump suspendía la concesión de permisos —pero no los cancelaba— mientras el secretario del Interior, Doug Burgum, revisa el impacto ambiental de los proyectos eólicos.
Un juez anterior permitió que el caso procediera contra Burgum, pero desestimó una acción contra Trump y otros miembros del gabinete. El juez William Young autorizó que los estados continuaran con sus argumentos de que bloquear los permisos para el desarrollo de proyectos de energía eólica viola la Ley de Procedimiento Administrativo —que establece un proceso detallado para promulgar regulaciones— pero no la Constitución.
El viento es la mayor fuente de energía renovable en Estados Unidos, proporcionando alrededor del 10% de la electricidad generada en el país, según la American Clean Power Association. La coalición incluye a Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, el estado de Washington y Washington, D.C.
El Departamento del Interior y la Casa Blanca no respondieron de momento a solicitudes de comentarios, aunque la Casa Blanca había acusado previamente a los fiscales generales demócratas de emplear una guerra jurídica para frenar la agenda energética del presidente.
Marguerite Wells, directora ejecutiva de Alliance for Clean Energy New York, afirmó que la energía eólica es un componente clave para alimentar la red eléctrica del país.
El viento “es actualmente una de las formas más rentables de generación de energía y se está utilizando con éxito no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo”, declaró. “Con este fallo a nuestro favor, los proyectos ahora pueden ser evaluados por su mérito. Agradecemos a los fiscales generales que nos ayudaron a llevar este caso a la meta”.
Kit Kennedy, del Natural Resources Defense Council, calificó la decisión como una victoria para los consumidores, los trabajadores sindicalizados, las empresas estadounidenses, el aire limpio y el clima.
“Desde el inicio de su presidencia, el gobierno de Trump frenó los proyectos de energía eólica necesarios para controlar las facturas de servicios públicos y garantizar una red confiable”, señaló Kennedy.
La orden “ha sido un golpe devastador para los trabajadores, los clientes y la confiabilidad de la red eléctrica”, agregó, y afirmó que el gobierno federal “debería tomar este fallo como una llamada de atención, detener sus acciones ilegales y apartarse del camino de la expansión de las energías renovables”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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