PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Una jueza federal bloqueó el martes el intento del gobierno del presidente Donald Trump de reducir fondos federales de Seguridad Nacional para los estados que se niegan a cooperar con ciertas medidas de inmigración.
La decisión de la jueza Mary McElroy representó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda contra el gobierno hace unos meses, tras ser notificados de que sus estados recibirían subvenciones federales drásticamente reducidas por ser jurisdicciones “santuario”.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) recortaron más de 233 millones de dólares en fondos para Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington. Este dinero forma parte de un programa de 1.000 millones de dólares en el que las asignaciones deben basarse en evaluaciones de riesgos, para que los estados destinen posteriormente la mayor parte de los fondos a sus departamentos de policía y bomberos.
Los recortes se anunciaron poco después de que otro juez federal determinara que era inconstitucional que el gobierno federal condicionara la cooperación de los estados en la aplicación de las leyes de inmigración a la obtención de fondos de FEMA.
McElroy concluyó en su fallo que el gobierno federal consideraba las políticas migratorias estatales para decidir la reducción del financiamiento federal destinado al Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional y otras iniciativas.
“¿Qué otra cosa podrían ser las decisiones de los demandados de recortar fondos para programas específicos de contraterrorismo por cantidades redondas, incluida la eliminación de millones de las sumas otorgadas, si no arbitrarias y caprichosas? No se necesita un título en derecho ni en matemáticas para deducir que ninguna fórmula plausible y racional podría producir este resultado”, escribió McElroy.
La jueza, nombrada para el cargo por Trump, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que restablezca las asignaciones de fondos para los estados demandantes.
“El abuso desenfrenado por parte de los demandados de su papel en la administración de subvenciones federales es particularmente problemático considerando que se les ha confiado un deber sumamente solemne: salvaguardar a nuestra nación y a sus ciudadanos”, escribió McElroy. “Aunque las complejidades del derecho administrativo y los términos y condiciones de las subvenciones federales puedan parecer abstractas para algunos, los fondos en cuestión apoyan programas vitales de contraterrorismo y seguridad”.
McElroy citó como ejemplo el reciente ataque en la Universidad de Brown —donde un hombre armado mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve— como un evento en el que el programa federal de 1.000 millones de dólares sería fundamental para responder a una tragedia de esa magnitud.
“Retener fondos para programas como estos, basándose únicamente en lo que parecen ser los caprichos políticos de los demandados, es inconcebible y, al menos en este caso, ilegal”, escribió la jueza con sede en Rhode Island en su fallo.
El DHS y FEMA no respondieron por el momento a correos electrónicos solicitando comentarios.
“Esta victoria garantiza que el gobierno de Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a ayudar a llevar a cabo su cruel agenda de inmigración, particularmente negándoles fondos que salvan vidas y que ayudan en la preparación y respuesta a desastres y emergencias”, declaró la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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