Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 15:45
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SEVILLA 16 Dic. (EUUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Una de sus principales aportaciones será la iniciativa procesal que adoptará la Administración autonómica en casos de agresiones físicas y verbales al profesorado, impulsando ante el Ministerio Fiscal que se califiquen como atentado estos episodios de violencia sufridos por los docentes en los centros educativos.
El ámbito de aplicación del decreto, además de incluir a los centros educativos, se extenderá a las actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier situación en la que un docente pueda verse vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, explicó esta iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
La declaración del profesorado como autoridad pública que impulsa este decreto implica que “su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones”.
La norma de desarrollo de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado contempla también, en apoyo a los docentes, la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, que estará integrada por profesionales especializados.
El Gobierno andaluz ha señalado que “se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos”.
Esta Unidad de Apoyo al Profesorado se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica; y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras funciones.
Este órgano atenderá cada caso de manera individual, según la problemática presentada, e informará al docente afectado sobre las acciones concretas que puedan emprenderse.
La asistencia psicológica se brindará para ayudar a superar las consecuencias de agresiones o situaciones conflictivas en la salud y el rendimiento laboral del profesorado.
La Junta ha afirmado que el principal objetivo de esta iniciativa es “reforzar la consideración y el respeto” hacia el personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones y, de este modo, generar “un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa”.
La Junta de Andalucía defiende que el decreto busca “garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad”, partiendo de la premisa de que un profesorado “reconocido y respaldado” es esencial para el prestigio de la educación.
El alumnado y sus representantes legales tienen la obligación de respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado, así como de colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.
El decreto también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos cuando sean necesarios.
En respuesta a preguntas de los periodistas, la consejera de Desarrollo Educativo precisó que la asistencia jurídica estará destinada al personal con la condición de trabajador de la Junta de Andalucía, no así para los profesionales de los centros concertados, quienes sí contarán con las Unidades de Apoyo.
La asistencia jurídica cubrirá la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos iniciados contra el docente como en aquellos promovidos por él para defender sus derechos frente a amenazas, coacciones o agresiones.
El decreto incluye asimismo medidas para impulsar la valoración social de la función docente. En este sentido, la Junta prevé realizar campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, el respeto y el prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su labor.
Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos. Además, los planes de formación del profesorado incluirán el desarrollo de la inteligencia y competencias emocionales para fortalecer la autoestima y su autoridad pública.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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