SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes que residen en Illinois, uno de los estados más afectados por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, cuentan desde ahora con protecciones frente a las acciones federales de inmigración cerca de juzgados, hospitales, campus universitarios y guarderías, gracias a una ley promulgada el martes por el gobernador JB Pritzker.
La ley, que entra en vigor de inmediato, también ofrece recursos legales para quienes hayan visto vulnerados sus derechos constitucionales durante las redadas migratorias en el área de Chicago, incluyendo indemnizaciones de hasta 10.000 dólares para quienes fueron arrestados ilegalmente mientras intentaban asistir a un procedimiento judicial.
“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una experiencia que altere tu vida”, declaró Pritzker durante la ceremonia de firma en el vecindario de La Villita, un barrio predominantemente latino en Chicago. “Illinois —frente a la crueldad y la intimidación— ha elegido la solidaridad y el apoyo”.
Los críticos aseguran que la ley será anulada por los tribunales.
La “Operación Midway Blitz” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que aparentemente ha concluido, dejó más de 4.000 arrestos. Según los datos de las personas detenidas desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, solo el 15% de los arrestados tenía antecedentes penales, la mayoría por infracciones de tráfico, delitos menores o no violentos.
Los legisladores no regresaron a sesión hasta octubre y aprobaron la medida a finales de ese mes, enviándola al demócrata Pritzker.
Ahora, los agentes federales tienen prohibido arrestar dentro o cerca de un tribunal a cualquier persona que asista a ciertos procedimientos legales. Además, la ley establece multas de 10.000 dólares por el arresto de una persona que el agente debería saber que asistía a una audiencia judicial. Prohíbe la divulgación de registros médicos privados por parte de los hospitales, impide a las universidades tomar ciertas acciones respecto al estatus migratorio de estudiantes o empleados y prohíbe a las guarderías compartir información sobre el estatus migratorio.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), afirmó sobre Pritzker: “Debe desconocer la Constitución de los Estados Unidos”, cuya cláusula de Supremacía establece que la ley federal no puede ser reemplazada.
“Esperamos que los titulares, los ‘me gusta’ en redes sociales y los correos electrónicos de recaudación de fondos por los que hizo esto valgan la pena”, añadió McLaughlin.
Cuando la Legislatura aprobó el plan, el presidente del Senado estatal, el demócrata Don Harmon, reconoció las críticas que señalaban que enfrentaría un desafío legal. Sin embargo, expresó que cree que es constitucional, aunque el gobierno federal podría intentar encontrar un tribunal favorable para anular la medida.
“No hay insignia, título ni máscara que ponga a nadie por encima de la Constitución”, dijo Harmon el martes. “Esta ley envía el mensaje de que si abusas de tu autoridad, habrá consecuencias”.
Linda Tortolero, directora del grupo de defensa Latino Policy Forum, afirmó que la nueva ley demuestra cómo “en Illinois apoyamos a las familias inmigrantes, la democracia y los derechos civiles”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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