Fuente: Hoy Digital
Acoso y desplazamiento a propietarios legítimos formaban parte de la estrategia de una red empresarial para “manipular programas de salud del Seguro Nacional de Salud”, según consta en el expediente de solicitud de medida coercitiva contra los imputados en la Operación Cobra.
Los cofundadores de Nutrimed, Richard de Jesús Mariñez Alvarado y la doctora Milagros Almonte Encarnación, habrían sido víctimas de este tipo de hostigamiento intimidatorio.
De acuerdo con el testimonio que ambos ofrecieron por separado al Ministerio Público, en octubre de 2020, para lograr la contratación del Programa de Nutrición y Suplementación, Almonte Encarnación fue “forzada a ceder el 50 % de las acciones de Nutrimed a Cinty Acosta y a entregar el 40 % de los ingresos brutos del programa”.
Además, Almonte Encarnación señaló que quedó “obligada a devolver 0.10 euros por cada unidad importada, mediante la empresa Punta del Río”.
De igual manera, aseguró que los precios de los kits de suplementos vendidos al Senasa, que oscilaban entre RD$3,725 y RD$5,275, “eran inflados artificialmente en comparación con los precios al público”.
Ambos manifestaron que Santiago Hazim Albainy, exdirector del Senasa, participó directamente en las reuniones para presentar dicho programa, lo cual evidencia su conocimiento y aprobación respecto a esas contrataciones.
Las críticas realizadas por Elsa Beatriz Santana Gautier sobre la contratación de “prestadores innecesarios” recomendados por la dirección y la exclusión de otros realmente requeridos le costaron su puesto como Analista de la Gerencia de Salud del Senasa.
Según su declaración, en enero de 2024 fue desvinculada del organismo “sin justificación alguna”.
Incumplimiento a la Ley 340-06
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió un comunicado aclarando que los contratos entre el Senasa y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) no se encuentran regulados por la Ley 340-06.
No obstante, las pesquisas realizadas por la Unidad Antifraude de la Contraloría (CGR) revelan que en el Senasa “se violó sistemáticamente la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones (detectando que el 35 % de los procesos adjudicados se hicieron fuera del plazo establecido y con requisitos restrictivos), así como la Ley número 10-07 sobre Control Interno, demostrando mala fe e incumplimiento deliberado por parte de funcionarios”.
El informe añade que “se comprueba la existencia de irregularidades contractuales y pagos sin respaldo adecuado con empresas clave dentro del esquema, incluyendo a Khersum (7 contratos, adendas y un incremento en pagos del 1,654 % en cinco meses) y Farmacal SRL (a quienes se transfirió indebidamente la facultad exclusiva para autorizar pagos)”.
Este documento fue elaborado por Yariely Hernández Camacho, responsable de Investigaciones en la Unidad Antifraude de la CGR, quien asegura que el Senasa “cometió maniobras fraudulentas y graves irregularidades administrativas”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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