El Ministerio de Medio Ambiente, en el convenio, se compromete a proporcionar información actualizada y consolidada sobre las delimitaciones de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, así como de otras áreas vinculadas directamente a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, para el uso de los órganos del Registro Inmobiliario.
“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso de proteger las áreas protegidas y garantizar que cada metro del patrimonio natural del país esté correctamente delimitado y bajo seguridad jurídica. El trabajo conjunto con el Poder Judicial fortalece la transparencia, la eficiencia registral y la defensa efectiva de nuestros recursos naturales”, expresó Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además, Medio Ambiente se encargará de someter los expedientes para la titulación de las áreas protegidas, debidamente identificadas y con mención de inmuebles registrados que existan dentro de ellas con anterioridad a la ley sectorial, así como de apoyar la implementación de programas de sostenibilidad y buenas prácticas medioambientales en las dependencias del Poder Judicial.
Por su parte, el Consejo del Poder Judicial se compromete a proveer, a través de los órganos del Registro Inmobiliario, asistencia legal y apoyo técnico en las labores catastrales necesarias para el establecimiento y actualización de perímetros, y la posterior determinación de los terrenos pertenecientes al Estado dominicano en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
Asimismo, apoyará los procesos de titulación e inscripción registral de las áreas protegidas, habilitará herramientas informáticas accesibles para ambas partes con el fin de visualizar en tiempo real el estado de los expedientes y proveer información registral y catastral, entre otros aspectos.
Ambas partes se comprometen y obligan a respetar, acatar, cumplir y someterse a todas las regulaciones relacionadas con la información que les será suministrada, especialmente aquellas relativas al interés público, la seguridad nacional y las que requieran criterios de confidencialidad.
Del mismo modo, acuerdan mantener la integridad de la información intercambiada, quedando prohibido copiar, ceder, vender, prestar o transferir, de manera onerosa o gratuita a terceros, las informaciones suministradas. El acuerdo tendrá una duración de 4 años. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.










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