El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, arrestados por su presunta vinculación al homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que falleció ahogada el pasado 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión escolar.
La solicitud, presentada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, pide imponer una garantía económica de 50 millones de pesos a cada imputada, además de impedirles la salida del país sin autorización judicial, exigir su presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de localizadores electrónicos. Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El caso ha sido calificado jurídicamente como homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal dominicano, así como abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del mismo código y al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre protección de la niñez. Según el Ministerio Público, las imputadas movilizaron a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin verificar si los menores sabían nadar y sin chalecos de seguridad, lo que evidencia una negligencia extrema.
La investigación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. Asimismo, el órgano acusador solicitó al Ministerio de Educación realizar una inspección conjunta en el Colegio Leonardo Da Vinci para identificar prácticas que puedan atentar contra el interés superior del niño. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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