El caso más reciente en el que imputados fueron trasladados a Najayo es la Operación Cobra, nombre que el Ministerio Público dio a la investigación sobre el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Desde su concepción inicial, las autoridades consideraron que el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo debía contar con una sección destinada a los “reclusos de cuello blanco, banqueros, exfuncionarios públicos y políticos, con baño privado y patio común interior soleado”, según reportaron los periódicos nacionales de la época.
A lo largo de los años, aunque la justicia dominicana ha sido limitada por poderes políticos y económicos, la historia nacional registra casos mediáticos que involucran a figuras del ámbito político, social, empresarial y artístico, quienes han sido recluidos en prisión preventiva o para cumplir condena en el complejo penitenciario.
El caso más reciente fue la Operación Cobra, denominación del Ministerio Público para la investigación del presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El 14 de diciembre pasado, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, implicados en el caso Senasa, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Sin embargo, debido a la falta de “espacio disponible ni condiciones de seguridad” para garantizar la integridad física de los imputados, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) ordenó el traslado del grupo al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en lugar de la cárcel de Najayo, como había dispuesto el Tribunal.
A finales de 2016, se difundió que la constructora brasileña Odebrecht habría incurrido en corrupción administrativa mediante el pago de sobornos a funcionarios del Estado dominicano.
La misma empresa reveló que, para ser favorecida en concursos de obras estatales y obtener contratos millonarios, pagó sobornos a funcionarios de diez países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana.
Tras la acusación y por orden del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el representante comercial de la constructora en el país y principal implicado, Ángel Rondón, cumplió 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
Junto a él, fueron recluidos el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Víctor Díaz Rúa; el exadministrador de la CDEEE, César Sánchez; el exdirector de la EGEHID, Máximo D´Oleo Ramírez; el exdiputado Ruddy González, y el abogado Conrado Pittaluga.
Mientras tanto, Rhadamés Segura y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez, cumplieron prisión domiciliaria.
En 2020, el Ministerio Público acusó a once personas de estafar al Estado dominicano por más de cinco mil millones de pesos.
El juez José Alejandro Vargas impuso prisión preventiva de tres meses a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez Pineda, para ser recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), en San Cristóbal.
A los cuatro imputados restantes en la operación se les impuso prisión domiciliaria, uso de grilletes electrónicos y vigilancia, entre ellos Magalys Medina, también hermana del expresidente Danilo Medina; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, y Rafael Germosén, excontralor general de la República.
Este caso, denominado por el Ministerio Público como “Operación Medusa”, involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado presuntamente de delitos de coalición de funcionarios y estafa contra el Estado, entre otros crímenes.
Rodríguez, tras permanecer más de dos semanas en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fue trasladado junto a tres exdirectores de departamentos del Ministerio Público al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XX) Najayo, en San Cristóbal, por orden de la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero, quien dictó 18 meses de prisión preventiva.
Este caso se refiere al presunto fraude cometido en 2021 en la Lotería Nacional, que ascendía a más de 500 millones de pesos y más de cinco millones de dólares en varios países.
Según el Ministerio Público, el caso involucraba a Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería, a William Rosario y a Eladio Batista, quienes, por disposición de la jueza Kenya Romero, fueron enviados a la cárcel de Najayo Hombres para cumplir un año de prisión preventiva.
A los demás implicados se les impusieron medidas de coerción como presentación periódica, garantía económica, arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.
La Operación Coral se centró en un supuesto entramado religioso y militar, que involucraba al exjefe de la escolta del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, y a la pastora Rossy Guzmán.
La jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados, para ser cumplidos en Najayo Hombres-Mujeres.
Con excepción del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fue enviado a prisión domiciliaria tras modificar el curso de las audiencias con sus declaraciones.
En 2008, mediante la sentencia No. 0052-TS-2008, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión a Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, Luis Rafael Álvarez Renta y Vivian Lubrano de Castillo, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, por su presunta participación en el fraude al Banco Intercontinental (Baninter).
En 2022, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, ordenó que el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés cumpliera un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, acusado de matar con un arma de fuego al comunicador Manuel Taveras Duncan.
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal condenó en 2013 a ocho años de prisión al capitán de la Policía Nacional, Lino Oca Jiménez, por la muerte del narcotraficante Rolando Florián Féliz, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Florián Féliz fue asesinado en 2009 en la cárcel de Najayo, donde cumplía una condena de 20 años por narcotráfico.
El comunicador Pablo Ross cumple actualmente una condena de 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres por presunta agresión sexual contra su hijastra menor de edad.
Ross fue condenado en 2018 y ya ha cumplido siete años de la pena impuesta.
En noviembre de este año, Ross solicitó libertad condicional, pero la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal rechazó la petición porque el garante propuesto no acreditó la existencia formal de su empresa ni su solvencia.
En febrero de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo condenó a tres años de prisión, para ser cumplidos en el Centro Correccional Najayo-Hombres, a Juan Carlos Restituyo, por presunta violación de derechos de autor y derechos de producción en perjuicio de André Moisés Peguero.
Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como don Miguelo, recibió en 2012 una medida de un mes de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel de Najayo, como medida de coerción por supuesta violencia de género contra su exesposa, Paola Cristal.
En 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo condenó a siete años de prisión y una multa de 50 mil pesos al cantante Jimmy Bauer, por presunto tráfico de drogas, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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