El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de la subvención a los combustibles, que los gobiernos anteriores de izquierda habían mantenido durante 20 años. RFI conversó con un experto para evaluar el impacto de esta medida, que supondrá un gran ahorro para las arcas públicas, aunque ya genera un importante descontento social.
El nuevo gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, ha anunciado que eliminará los subsidios a los combustibles, con los cuales se mantuvieron congelados los precios durante los 20 años anteriores, periodo en el que el país estuvo gobernado por ejecutivos de izquierda.
Con esta política de subvenciones, el Gobierno importaba gasolina y diésel a precio internacional, vendiéndolos en el mercado interno a pérdida, con precios inferiores a los de compra. Esta operación generaba un costo significativo para las finanzas públicas, al que se sumaban acusaciones de corrupción y venta ilegal de contrabando a compradores de países vecinos.
“Era necesario, era urgente”, explica a RFI el analista económico Gary Rodríguez, porque “Bolivia estuvo viviendo en una burbuja demasiado tiempo, con un combustible exageradamente subvencionado que representaba el 50% del déficit fiscal anual del Gobierno”.
El experto también destaca los casos de corrupción: “Además, con un agravante. El Gobierno ha calculado que entre el 30% y 40% de ese combustible tan barato salía de contrabando hacia países vecinos. Era una sangría no solo de recursos del Tesoro General del Estado, sino también de dólares”.
“Este es otro dato que nos duele. Más del 90% del diésel que se consume en el país es importado y más del 60% de la gasolina que se vende en Bolivia es importada. Tenemos una dependencia tan alta del exterior para subvencionar un producto importado, que luego ese producto tiene que salir de contrabando y beneficiar a algunos delincuentes”, concluye al respecto.
Gary Rodríguez habló con RFI también sobre la resistencia social: “Sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento con el nuevo Gobierno, porque con el anterior era difícil. El anterior lo intentó en 2010, pero no tuvo éxito. Si un gobierno tan popular, con tanto arraigo social y manejo de los movimientos sociales, entre comillas, en 2010 no pudo realizar un aumento del 72% en la gasolina y del 82% en el diésel, ahora la tarea es mucho más difícil”.
Para nuestro invitado, desde el punto de vista económico el fin de los subsidios tiene todo el sentido, pero será necesario afrontar el descontento social ante los precios más altos: “El precio de la gasolina casi se ha duplicado y el del diésel casi se ha triplicado y, por ejemplo, el sector del transporte se ha declarado en emergencia, y hay ciertas expresiones de grupos sociales que han dado al Gobierno 24 horas para que revoque la medida. Desde el punto de vista económico no se discute, pero el desafío ahora es que se pueda implementar con éxito, sorteando la resistencia social y de los sindicatos que ya empieza a manifestarse”. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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